El nuevo escenario digital del Gobierno de Sánchez

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes por vía de urgencia -esto es, sin necesidad de pasar por el Congreso- un real decreto que amplía las situaciones en las que el Gobierno pueda intervenir en materia de administración digital. El texto, que entra en vigor este miércoles, es la última maniobra del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez para combatir la república digital del presidente catalán, Quim Torra. Las modificaciones incluidas han suscitado las críticas de algunos colectivos centrados en la defensa de los derechos digitales. 

Siguiendo la información publicada por Civio, el documento reforma, entre otras, la Ley de Telecomunicaciones, y establece una serie de medidas que afectarán a la privacidad de millones de españoles. Desde este miércoles, los datos relacionados con registros de población, fiscalidad o sanitarios deberán encontrarse en servidores alojados en España o Europa. 

Uno de los objetivos, según Sánchez, es acabar con los «paraísos digitales», esto es, aquellos Estados exentos de normativas que impiden el bloqueo de sitios webs o aplicaciones para smartphones, según recoge la publicación Business Insider.

 «No habrá independencia offline ni online«, declaró Sánchez en el anuncio del decreto la semana pasada. Precisamente, la Guardia Civil ya ordenó el cierre de la web y la app de Tsunami Democràtic, la plataforma que convocó el bloqueo del aeropuerto del Prat tras emitir el Tribunal Supremo la sentencia al juicio del ‘procés’. 

¿Cuáles son las medidas concretas del decreto?

El nuevo decreto permite al Gobierno intervenir en situaciones «excepcionales» que supongan una «amenaza del orden público y la seguridad nacional». Se establece de esta forma la facultad del Ejecutivo para cerrar cualquier mecanismo que sirva para la comunicación digital, como, por ejemplo, interrumpir o cortar la conexión de un servidor. Significa, por tanto, que Sánchez podría ‘apagar’ las comunicaciones de la teórica república digital de Torra. 

También incide en la documentación individual. Así, se determina que el DNI es el único certificado con el que los ciudadanos puedan acreditarse «a todos los efectos». Además, para cualquier otro tipo de canal que permita la identificación de un ciudadano, como los sistemas de firma electrónica de las comunidades autónomas, tendrán que ser previamente autorizados por el Gobierno y podrían ser denegadas en función del criterio gubernamental. 

A la hora de contratación, el decreto disminuye la transmisión de los contratos públicos que impliquen la cesión de datos personales. En este sentido, estos documentos deberán incluir información sobre el destino de los datos y la obligación empresarial de cumplir con la normativa europea de protección de datos (GDPR, por sus siglas en inglés). Esta llamada a la responsabilidad de las empresas podría propiciar, en caso de que no cumplieran con la norma, el veto de las compañías. 

«Nos acerca a China»

Desde su anuncio, se han sucedido las críticas al decreto ejecutado por el Gobierno. El consejero de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, consideró un «golpe de Estado» la maniobra de Sánchez. «Se carga el modelo digital de las autonomías», sentenció Puigneró. 

Xnet, una plataforma que centra su actividad en los derechos digitales, respondió en sus redes sociales al decreto criticando que, con la medida, «España se acerca a China y sus políticas liberticidas». «En nombre del orden y la seguridad, el Gobierno se reserva la potestad de asumir la gestión o intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas», sentencia el mensaje.