Pedro Sánchez cambia de programa: comienzan los guiños a Albert Rivera

El paquete de 370 medidas presentado por Pedro Sánchez este martes no solo enfatiza negro sobre blanco su negativa a negociar un referéndum, sino que supone una evidente marcha atrás respecto de las concesiones planteadas para apaciguar a los partidos soberanistas y el gobierno de Quim Torra en el programa electoral con el que concurrió a los comicios del 28 de abril.

Comparar los dos documentos permite medir la evolución de la postura de Sánchez respecto a las exigencias que Junts per Catalunya (JxCat) y ERC le plantean desde el Congreso, el Parlament, la Generalitat y los medios de comunicación. La principal, la de un diálogo que incluya la posibilidad de la autodeterminación. La propuesta actual ensancha la distancia con ellos, a la vez que puede leerse como un intento de reducir, ni que sea levemente, la que separa al PSOE de Ciudadanos.

Ya no es solo que ahora los socialistas subrayen la dicotomía entre su disposición al diálogo dentro de la Constitución y una negativa rotunda a un referéndum en Cataluña, que, subrayan ahora, es contrario a la Constitución y “provoca la quiebra de la sociedad”. Negativa, por cierto, que siempre ha estado ahí pero que hace menos de medio año, a diferencia de ahora, los socialistas explicitaban en su programa electoral de forma menos vehemente. “Desde el derecho de autodeterminación”, se limitaban a apuntar entonces, no puede “construirse el futuro”.

Retoques territoriales sin mentar la Constitución

No, ya no es solo eso. Aquel paquete de propuestas con el que Sánchez ganó las elecciones incluía una reforma constitucional para afinar la definición de “los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos” de las autonomías y concretar una organización territorial “adaptada a las peculiaridades de cada comunidad”. El programa planteaba además actualizar el modelo de financiación autonómica, pendiente de renovación desde 2014, y que los socialistas pretendían que quedara regulada igualmente dentro de la misma Constitución.

Pero todos esos eventuales cambios de la ley fundamental han desaparecido en la lista de 370 medidas presentada este martes. El programa con el que Sánchez presenta candidatura a un segundo intento de investidura antes de que expire el plazo el 23 de septiembre mantiene previsiones de retoques constitucionales para blindar las pensiones y los servicios sociales, rebajar la edad mínima para votar a los 16 años, actualizar la protección de derechos de las personas con discapacidad y reforzar la autonomía local y la protección medioambiental, pero los cambios referidos a la financiación y el modelo territorial han caído de la lista de actualización de la Carta Magna.

Ahora se propone mejorar la “colaboración institucional con todas las comunidades autónomas”, impulsar “el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya, siempre dentro de la Constitución” y “avanzar hacia un modelo de Estado integrador” en el que el Gobierno “garantice la cohesión” y en el que “las distintas administraciones cuenten con una adecuada financiación, actúen con transparencia, colaboren entre ellas y actúen con lealtad institucional”. Y se habla, como ya se hacía hace medio año, de impulsar “la clarificación del reparto competencial” y de definir y aprobar un nuevo sistema de financiación autonómico. Pero en ningún momento se hace referencia ya a que para hacer todo eso se vaya a tocar la Constitución.

Torra, más lejos; Rivera, más cerca

A la práctica, esa explicitud del distanciamiento con Torra conlleva suavizar a la vez algunas espinosas diferencias con Ciudadanos. Los matices no van a hacer que Rivera vire en redondo y facilite la investidura de Sánchez, claro.

Pero sí pueden ser utilizados luego por los socialistas a la busca de votos que en abril fueron al partido naranja en caso de que toque volver a las urnas el 10 de noviembre, que es el escenario por el que a día de hoy se decantan claramente las apuestas. De hecho, la propia batería de medidas presentada, que complica que JxCat o ERC faciliten la investidura, parece indicar que los estrategas socialistas trabajan más con la vista puesta en la repetición electoral que en la investidura.

Cs se presentó a las elecciones de abril abogando, como el PSOE, por una reforma constitucional para clarificar el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, pero, en su caso, para “garantizar la igualdad de los españoles y la unidad de mercado”. Que ahora los socialistas ya no planteen abrir en ese punto el melón de la Carta Magna, teniendo en cuenta que pretendían hacerlo en sentido opuesto a los de Albert Rivera, solo puede verse como un escollo salvado en la relación entre ambas formaciones. O, al menos, entre los votantes de una y otra.

Los mismo vale a la hora de renovar el modelo de financiación, pendiente de actualización desde 2014, y que Cs planteaba que debería de ser “más transparente, justo y equitativo”, garantizar “la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos” y revisar el cupo vasco. Los socialistas consideran ahora “imprescindible” la puesta al día del modelo, pero esta vez sin mentar la Constitución ni precisar en qué sentido.

Aún queda otra modulación en el paquete de medidas de Sánchez que comporta un último guiño a Cs. En marzo, el PSOE jugaba a una cierta equidistancia cuando apuntaba en su programa que, del mismo modo que el futuro no puede construirse desde la autodeterminación catalana, tampoco puede hacerlo “desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155” de la Constitución, cuya aplicación el partido naranja proponía desde la la primera línea de su programa electoral.

En cambio, ahora, con Cs insistiendo en esa medida, el 155 ya no aparece nombrado en la nueva propuesta socialista. Ni siquiera, como sí se hacía seis meses atrás, para descartarla.

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