Convergència malvenderá patrimonio para pagar la multa del caso Palau
La Audiencia advierte que si se acredita que el Pdecat es el sucesor de CDC, se le pueden exigir responsabilidades en la fase de ejecución de la sentencia
El Pdecat se desentiende de las sanciones económicas impuestas por la Audiencia de Barcelona a Convergència (CDC) y a su extesorero Daniel Osàcar. La formación que encabeza Neus Munté, Marta Pascal y David Bonvehí no quiere saber nada del decomiso de más de 6,6 millones de euros a la vieja Convergència ni de la multa de cerca de 3,8 millones a su extesorero Daniel Osàcar. En realidad, la vieja Convergència dispone de patrimonio suficiente para afrontar el palo judicial, aunque sea a costa de vender patrimonio.
No obstante, el fallo le obligará a malvender patrimonio, concretamente su joya de la corona: la sede de Barcelona. El partido la puso a la venta, pero como adelantó Economía Digital, no encontró comprador por el precio que pedía. Ahora, con la sentencia encima de la misa, el reloj empezará a correr más rápido
El representante legal de CDC, Francesc Sánchez, insiste en que el nuevo Pdecat no tiene relación con la vieja Convergència, un partido que da por “desaparecido”. Se lavan las manos como si la sentencia no fuera con ellos. No obstante, la vinculación entre ambos resulta evidente. Los convergentes enterraron a su histórico partido, asediado por los casos de corrupción, para alumbrar al Pdecat. Artur Mas pasó de presidir el primero a hacerlo del segundo. Dimitió cinco días antes de que este lunes se hiciera pública la sentencia del caso Palau.
La fiscalía solicitó que la condena a Convergència se ampliase a la “presunta sucesora”, pero en la sentencia se señala que el Pdecat no fue llamado durante el juicio para confirmar o defenderse de la mencionada sucesión. No obstante, la Audiencia considera que, si se acredita la sucesión, esta cuestión deberá resolverse en la fase de ejecución de sentencia.
Caso Palau: el Pdecat se mueve para no heredar las sanciones de Convergència
Convergència recurrirá la sentencia. Esta no será firme hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Sin embargo, fuentes conocedoras de las interioridades convergentes apuntan que pueden afrontar el decomiso de 6,6 millones de euros. En su momento, avalaron una fianza judicial por este caso de 3,2 millones de euros con las escrituras de quince sedes locales. Además, Convergència posee en propiedad otros inmuebles, entre los que destaca la sede central de la calle Provenza de Barcelona.
Nunca ha trascendido el importe que Convergència pagó en 2015 por la sede de la calle Provenza. Se trata de un edificio de oficinas de siete plantas de unos 2.100 metros cuadrados.
La vieja Convergència y sus herederos del Pdecat se hacen los remolones con la multa de cerca de 3,8 millones de euros impuesta a su extesorero. Francesc Sánchez afirma estar convencido de que Osàcar no entrará en la cárcel. Ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de reclusión. Su estado de salud y su edad, con 82 años, pueden recortarle la pena de prisión. No dispone de patrimonio para afrontar la multa de 3,8 millones de euros. Queda por ver si Convergència sale en su auxilio, aunque las fuentes consultadas apuntan que “no llegan” para pagarlo todo.
Las fuentes consultadas recuerdan que el Pdecat carece apenas de patrimonio más allá de las subvenciones por sus resultados electorales y representación institucional. El propietario de los inmuebles es Convergència, sin actividad política aunque con un importante patrimonio. En caso de impago de parte de las sanciones, queda por ver si el tribunal de ejecución endosa la deuda a los herederos del Pdecat.
Con la sentencia del caso Palau no se acaban los problemas judiciales de los convergentes. Todavía está en instrucción el caso del 3%. Entre los investigados también está Osàcar, el sucesor de este, Andreu Viloca y Francesc Sánchez.
