¿Para qué sirve la mayoría independentista de Puigdemont?

Dos lecciones que no se aprendieron. Y, como ocurre a menudo, sólo se perciben cuando se reciben golpes contundentes. Junts pel sí, la alianza coyuntural entre Convergència y Esquerra para las elecciones del 27 de septiembre, ganó las elecciones, pero sólo con 62 diputados, y con una suma, entre todos los partidos independentistas, que no llegaba al 48% de los votos.

Fue, y es una, mayoría independentista que no ha servido ni para gobernar –apenas ha habido actividad legislativa— ni para aplicar la hoja de ruta soberanista.

El golpe accidentado se produjo este miércoles. La CUP, una formación anticapitalista, marxista y partidaria de bloquear las instituciones, presentó y votó su enmienda a la totalidad de los presupuestos, junto con el resto de partidos de la oposición.

Esa decisión ha abierto los ojos, finalmente, a Junts pel sí, que en la noche electoral del 27 de septiembre, quiso pensar que podía seguir adelante, y que, una vez se elaboraran las leyes de la «desconexión», Cataluña podría votar una constitución propia en 18 meses.

Puigdemont quiere ganar tiempo

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras calificar de «desleales» a los diputados de la CUP, anunció que se presentará a una cuestión de confianza en septiembre. Pretende ganar tiempo, y poner contra las cuerdas a la CUP para que se pronuncie otra vez, con el objeto de convocar elecciones dejando claro al electorado soberanista de quién es la culpa.

No hay otra alternativa, porque Puigdemont, apoyado este miércoles por quien tenía que ser el gran protagonista, el consejero de Economía, Oriol Junqueras, no quiere «quedar en manos» de los grupos que piden renunciar a la hoja de ruta soberanista, ni en los que, –en referencia a la CUP— exigen «la independencia sólo a su manera y con su estrategia».

Leyes de papel mojado

La mayoría independentista de la noche del 27 de septiembre, por tanto, no era tal. No lo era porque se contó con los diez diputados de la CUP que han constatado que tienen su propio camino, su propia estrategia, muy alejada de los principios socio-económicos de un partido como Convergència, que ha gobernado Cataluña casi 29 años desde la recuperación de la Generalitat, en 1980.

Todo lo que se había programado queda en suspenso. Ni la ley de seguridad social, que se había calificado de estructura de Estado –aunque sólo era la agrupación de leyes en materia social–, ni la organización de una Hacienda catalana, con la previsión de contratar inspectores y personal para recaudar, en breve, los impuestos en Cataluña.

El estado de bajas

En parte, porque ello estaba previsto en unos presupuestos que no se aprobarán. Puigdemont, en todo caso, sorprendió a sus propios correligionarios, al anunciar esa cuestión de confianza, una jugada casi obligada, a la espera de conocer qué ocurre en la política española tras los comicios del 26 de junio.

Convergència puede quedar muy debilitada de esas elecciones, y ahora buscará una reacción, que pasa por culpabilizar a la CUP hasta el extremo. Puigdemont comprobará el estado de bajas, como en los ejércitos, y buscará una fecha para convocar, de nuevo, elecciones a la Generalitat.

Y es que Junts pel sí no desea ni puede rectificar. Podría buscar un nuevo socio parlamentario –el PSC estaría dispuesto— pero eso obligaría a los dos partidos, Convergència y Esquerra, a renunciar a su proyecto soberanista. Y se trata de morir con las botas puestas, en un proceso que chocó con la realidad desde el primer momento.

El ‘regalo’ a Junqueras

Ni se consiguió una mayoría independentista el 27 de septiembre, contando en votos, –sumando CDC, ERC y la CUP— tras presentar las elecciones como unos comicios plebiscitarios, ni se logró una mayoría parlamentaria estable, porque esos diez diputados anticapitalistas tenían una naturaleza distinta, que nunca se quiso reconocer.

La situación es más penosa si se tiene en cuenta el ‘regalo’ que le había caído al Govern de Puigdemont. Junqueras, que esperaba convencer a la CUP –consciente de que el problema de los anticapitalistas es que nunca han confiado en los convergentes— podía disponer en el presupuesto de casi 3.000 millones casi sin esforzarse.

De la partida adicional, del total de 2.777 millones, 850 se explicaban por el menor coste de los intereses de la deuda. Unos 1.400 millones, por partidas que corresponden a la liquidación del sistema de financiación de 2014, y otros 500 millones más porque la economía ha crecido, y se recauda más en concepto de, entre otros impuestos, por ejemplo transmisión patrimonial, que recaudan las autonomías y que está ligado a la recuperación del sector de la construcción.

Nueva campaña electoral

Todo eso es agua pasada. Puigdemont dejará pasar el verano –no puede convocar antes del 3 de agosto, porque debe pasar un año entre dos convocatorias electorales–, comprobará el peso de CDC en las elecciones generales, y el grado de ascenso de fuerzas como En Comú Podem y de Esquerra Republicana.

Y, con la voluntad de que la CUP se haga de nuevo una fotografía en el Parlament, se someterá en septiembre a una cuestión de confianza. Será el debate del inicio de una nueva campaña electoral, con unas elecciones en las que el proceso soberanista ya no podrá estar en el centro.