Otro «viernes social» de Sánchez: ahora, subsidio para mayores de 52
El Gobierno avanza de los 55 a los 52 años las ayudas a desempleados y aprueba bonificaciones por contratar a parados de larga duración
Pese a las protestas de la oposición, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en seguir con sus «viernes sociales» con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una nueva batería de medidas aprobadas por decreto-ley. A la cabeza, la instauración de un subsidio para parados de larga duración de más de 52 años.
El subsidio ya existía para mayores de 55 años, y ahora se avanza tres años, de modo que el Gobierno calcula que la medida, cuyo coste se ha contabilizado en 348,7 millones de euros, beneficiará a 380.000 personas, 114.000 más que hasta ahora.
Además, los beneficiarios cotizarán al 125% de la base mínima, y no al 100%, como hasta ahora, y los que ya lo estaban cobrando pero solo de forma parcial porque su último trabajo no fue a jornada completa pasarán a cobrar la totalidad de la ayuda. Hay más: los receptores del subsidio ya no tendrán que renunciar a él en cuanto puedan jubilarse de forma anticipada, con la reducción de la pensión que eso conlleva, sino que podrán percibirlo hasta que lleguen a la edad legal de jubilación.
Medidas previstas en los presupuestos tumbados
La medida forma parte de un decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral que también incluye bonificaciones para fomentar la contratación de parados de larga duración por valor de 25,68 millones de euros, y cuyo contenido ha presentado tras la reunión ministerial la titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.
Además, el Gobierno ha aprobado el incremento de la prestación por hijo a cargo de 291 a 341 euros para familias en situación de pobreza y a 588 euros para las familias en situación de pobreza severa. Tanto esta medida como el subsidio para mayores de 52 años estaban previstas en el proyecto de Presupuestos que fue rechazado por el Congreso, mientras que el sistema de control control horario de la jornada laboral formaba parte de otro decreto-ley con el que el Gobierno pretendía derogar varios aspectos de la reforma laboral de 2012.
Valerio admitió que el ejecutivo ha renunciado a intentar tirar adelante esa norma antes de los comicios del 28 de abril tras asumir que no tendría los apoyos suficientes para validarlo en el plazo máximo de un mes en la Diputación Permanente, el retén que queda en el Congreso una vez que se disuelven las Cortes al entrar en periodo electoral.
La última palabra la tiene la Junta Electoral
El PP y Cs han reclamado a la Junta Electoral Central que impida que el Gobierno celebre las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros semanal, por considerarlos actos electoralistas. La Secretaria de Estado de Comunicacióin ya ha presentado sus alegaciones y una «comparativa con lo que ha venido haciéndose a lo largo de 40 años y 12 legislaturas», explicó la portavoz del ejecutivo, Isabel Celaá.
