Otro permiso carcelario. «Se está vaciando la sentencia del Supremo»
La fiscalía se opone a que Dolors Bassa también acceda a la semilibertad cuando ni reconoce sus delitos ni se arrepiente de ellos
La exconsellera Dolors Bassa, en el centro de la imagen, junto al exconseller Raül Romeva, a su llegada al Tribunal Supremo el pasado mes de octubre.
La Fiscalía se opone a la salida de prisión de la exconsellera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, que había solicitado el permiso para cuidar de su madre enferma. Según el ministerio público, la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penintenciario a los políticos independentistas condenados en el juicio del ‘procés’, tiene que ver con una «pertinaz voluntad» para vaciar de «contenido» la sentencia emitida por el Tribunal Supremo el pasado 14 de octubre.
Así se ha pronunciado la Fiscalía en un escrito enviado al juzgado de vigilancia penitenciaria. En el documento reclama que se dé marcha atrás al permiso que la cárcel de Puig de les Basses, en Girona, había concedido a Bassa. Esta autorización permitía a la exconsellera salir de prisión tres días a la semana durante un mes.
No es el primer permiso al que se opone el organismo. También lo hizo a la salida del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y del expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, así como a la salida el también exconseller catalán Joaquim Forn.
La Fiscalía critica la «generalización» del artículo 100.2. El organismo sostiene en su informe que éste tiene un carácter «excepcional» y arremete contra la voluntad de «ir dejando poco a poco, pero sin pausa, de contenido» la sentencia por la que se condenó a los líderes independentistas implicados en el referéndum del 1-O un máximo de 13 años de cárcel, impuesto al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.
Siguiendo el documento, el ministerio público señala que «esa voluntad administrativa» guarda relación con los informes de la cárcel sobre Bassa, ya que más adelante está previsto que se le permita salir a trabajar. «A fin de adquirir los años de cotización que le faltan para la mejora de la pensión contributiva de jubilación», añade.
Bassa «no asume» su responsabilidad
Según la Fiscalía, Bassa «no reconoce la comisión delictiva». Y por tanto, «no asume su responsabilidad en los hechos producidos», sino que la exconsellera ha estado «escudándose en el llamado mandato del pueblo».
Cuidar a su madre «forma parte del tratamiento» de la política, ya que Bassa «no cometió los delitos a causa de unas relaciones familiares desestructuradas», sino que goza de una buena relación familiar y creció en un clima «cálido con valores prosociales enmarcados en una orientación cristiana tradicional».
Asimismo, la Fiscalía destaca que la exconsellera «tiene la suficiente capacidad económica para permitirse asumir el coste de contratar a una persona que pueda asistir a su madre». Algo que, siguiendo el informe, «no puede predicarse de la gran mayoría de la población reclusa». También añade que «el tener padres mayores susceptibles de requerir cuidados y atención no es exclusivo de la interna», sino de un «gran número de internos», que «no por ello gozan de la aplicación del 100.2».
Raül Romeva, el último en salir de prisión
El último de los líderes independentistas en salir de prisión ha sido el exconseller de Acción Exterior, Raül Romeva, que este mismo lunes abandonó por primera vez la cárcel de Lledoners, en Barcelona, para ir a trabajar. La Junta de Tratamiento del centro acordó el pasado jueves el permiso, de tres días a la semana para una jornada laboral de seis horas diarias.
Raül: «Primer dia de feina fora de Lledoners. Encara sense llibertat, però amb el compromís intacte. Continuo i continuaré servint els ciutadans; és el que he fet sempre.» pic.twitter.com/t8Cmfm1LRe
— Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) March 2, 2020
Se trata del mismo permiso que se le ha concedido a Junqueras. El líder de Esquerra Republicana (ERC), licenciado Historia Moderna y Contemporánea, comenzará a dar clases en el campus Manresa de la Universidad de Vic, la misma que criticó de forma oficial tanto la respuesta policial al referéndum del 1-O como la propia sentencia del ‘procés’.
Desde su ingreso en prisión, un total de siete de los 12 condenados en la sentencia del ‘procés’ han salido ya de prisión en virtud de la aplicación del 100.2.
