Nuria Marín (PSC) busca un pacto político para colocar a más asesores
El sueldo de los asesores de la Diputación de Barcelona ya llega a los cinco millones de euros brutos anuales
La Diputación de Barcelona que preside la socialista Nuria Marín sigue aumentando la plantilla de asesores políticos. La semana pasada se nombraron cuatro más, con lo que ya suman 84, que son seis más de los 78 con los que se cerró el anterior mandato. Y su número continuará subiendo.
El gobierno de la Diputación barcelonesa, formado por PSC y Junts per Catalunya, mantiene conversaciones con el resto de grupos políticos para aumentar la cuota de asesores, según confirman fuentes de esta corporación. En esta negociación se plantea incrementar tanto el número de asesores del ejecutivo provincial como los asignados a los diversos grupos.
Ante las dificultades económicas por las que atraviesan los partidos, se les abre la posibilidad de colocar a empleados o excargos a sueldo de la Diputación. La retribución de los 84 actuales asesores ronda los cinco millones de euros brutos anuales.
En el pleno del pasado julio se acordó fijar el máximo de eventuales en 92 plazas. Aunque todavía se podrían nombrar a ocho más, el gobierno de la Diputación ha planteado a los grupos la posibilidad de superar este listón. Para ello solo sería necesario un nuevo acuerdo del pleno.
De conformidad con los presupuestos generales del Estado, que son los que marcan el número máximo de eventuales en las administraciones públicas, el tope de la Diputación de Barcelona está en 124. Aunque se autolimitaron a 92, el gobierno del PSC y JxCat estaría interesado ahora en superar esta cifra porque la ley les permite un máximo de 124. Eso no significa que lleguen a este número, pero podrían a acercarse.
Designaciones discrecionales
No todos los grupos de la oposición ven con buenos ojos que se dispare el número de asesores. En el pleno de este febrero, ERC y Tot per Terrassa –formación local que cuenta con una única diputada provincial– presentaron una moción en la que se subrayó que los criterios de designación de los asesores “no son claros ni objetivos”. Por ello, instaron a clarificar los criterios por los que se nombrarán. No obstante, no consiguieron el apoyo de ningún otro grupo. La moción fue rechazada con los votos de PSC, JxCat y PP. Ciudadanos y los comuns se abstuvieron.
De los actuales 84 asesores de la Diputación de Barcelona, 24 están adscritos a su gobierno y los otros 60 a las siete formaciones políticas que componen el pleno. Hay mas asesores que diputados provinciales, que son 51, a los que de media les correspondería más de un colaborador y medio. Pero el reparto no es equitativo.
JxCat ha sacado jugo al pacto de gobierno con el PSC. A cada uno de los siete diputados provinciales les corresponde una media de tres asesores, sumando los 11 que han colocado en el gobierno y los 10 que han designado para su grupo, en total 21. A los dos diputados del PP también les corresponde una media de tres asesores cada uno, aunque en este caso todos están adscritos a su grupo.
Por medias de asesores, les siguen los comuns con 2 (5 diputados y 10 asesores); Ciudadanos, 1,75 (4 diputados y 7 asesores); PSC, 1,62 (16 diputados y 26 asesores); Tot per Terrassa, 1 (un diputado y un asesor); y, finalmente, ERC, 0,81 (16 diputados y 13 asesores). Los republicanos son los únicos que tienen más diputados que eventuales a su servicio.
Afectados por casos judiciales
La junta de portavoces de grupos se reunió el pasado jueves para abordar el caso Estela, por el que un juzgado de instrucción de Barcelona ha abierto investigación contra 49 personas por un supuesto fraude en las subvenciones que debían destinarse a cooperación internacional. El caso afecta a un gobierno anterior, el que presidió el convergente Salvador Esteve. Curiosamente, la reunión de portavoces estuvo copresidida por la socialista Pilar Díaz y por Joan Carles García Cañizares, de JxCat, pese a que su nombre aparece en el sumario.
Cañizares es un diputado, pero también hay asesores afectados por casos judiciales. Ana del Frago, actual asesora del gobierno provincial nombrada por el PSC, aparece en el caso Galena, sobre subvenciones a la asociación que gestionó la radio municipal de Barberà del Vallès, localidad de la que fue su alcaldesa. Y Maite Fandos, también asesora del gobierno a propuesta de JxCat, está investigada en el caso del supuesto desvío de fondos desde la Dirección General de Deportes de la Generalitat.
Premios para los que se porten bien
A propuesta del PSC, se han incorporado como asesores del gobierno de la Diputación dos personas a las que se ha relacionado con operaciones que permitieron retener alcaldías a los socialistas. En enero, ficharon a Juanjo Cáceres, marido de la única concejal de Podemos de Sabadell cuyo voto fue clave para que el PSC conquistara esta alcaldía; y, este marzo, incorporaron a Joan Galceran, concejal independiente de Sant Esteve Sesrovires que recientemente desbarató la moción de censura contra el alcalde del PSC en esta localidad. No militan en el PSC ni en JxCat, pero asesoran a su gobierno.
«Comisarios políticos»
En enero pasado se incorporó Felip González Martín como asesor de presidencia. Se trata de un periodista que fue cabeza de lista del PSC en Manresa en las últimas municipales. Hasta entonces, trabajaba a las órdenes de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Veteranos de Can Serra, sede de la Diputación de Barcelona, lo definen como “comisario político” para controlar el gabinete de prensa de la corporación.
La mejor pagada
Montserrat Tordera es la asesora mejor pagada de la Diputación de Barcelona con una retribución de 83.600 euros brutos anuales. Es la única eventual de nivel 1. En el anterior mandato, era la jefa de gabinete del presidente, Marc Castells, de JxCat. Participó personalmente en la negociación del actual pacto de gobierno.
Figura como “asesora técnica del área de infraestructuras y espacios naturales”. No obstante, fuentes internas indican que ejerce de coordinadora, pese a que tales funciones corresponderían a un funcionario de carrera.
