Nuria Marín encaja otro revés judicial por el “pelotazo” de Gran Vía
Los comuns de L’Hospitalet presentan una moción para que la alcaldesa Nuria Marín no recurra la sentencia judicial que tumbó el plan urbanístico de Gran Via
Nuria Marín, alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat, y presidenta de la Diputación de Barcelona. /EFE/Toni Albir
El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat que gobierna la socialista Nuria Marín ha encajado un doble revés judicial por el macropoyecto urbanístico de la Gran Via, donde se proyectó una zona comercial y residencial con 26 rascacielos.
En dos sentencias consecutivas publicadas esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró nulo de pleno derecho el plan director urbanístico (PDU) de Gran Via-Llobregat redactado y aprobado por la Generalitat con la colaboración del gobierno de la alcaldesa Marín.
Este doble revés judicial se tratará en el pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet del próximo miércoles. El grupo de los comuns presentó una moción para que Marín acate la sentencia y renuncie a presentar el recurso de casación que anunció la propia alcaldesa. Desde este grupo municipal se califica el proyecto de “pelotazo”.
El TSJC tumbó el plan urbanístico de Gran Via a instancia de dos grupos municipales: por una parte, de L’Hospitalet en Comú; y por la otra, ERC, CUP y el grupo ecologista Depana.
Las dos sentencias, publicadas con un día de diferencia, constatan que el planeamiento urbanístico lo redactaron de la mano la Consejería de Territorio de la Generalitat y el Ayuntamiento de L’Hospitalet cuando la competencia correspondía al Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Ana González, portavoz de L’Hospitalet en Comú, indicó que en pleno del miércoles se votará una moción de su grupo por la que se insta al gobierno de Marín a acatar la sentencia y a renunciar al recurso de casación.
En su momento, el parlamento catalán y los grupos de la oposición municipal se declararon a favor de una revisión del planeamiento urbanístico de Gran Via-Llobregat en la que se tuviera en cuenta la participación ciudadana.
Imagen virtual del desarrollo plan director urbanístico Gran Via en L’Hospitalet de Llobregat.
“Se lo volveremos a pedir aunque no nos haga caso”, apunta González sobre la moción dirigida a Marín. Pese a que el PSC obtuvo la mayoría absoluta en L’Hospitalet en las últimas elecciones municipales, con 14 de los 27 concejales en liza, podría perder la votación. Uno de los tenientes de alcalde del PSC abandonó en junio el equipo de gobierno si bien retuvo el acta. Ahora Marín gobierna en minoría.
González señaló a Economía Digital que detrás del PDU de Gran Via-Llobregat hay “un pelotazo urbanístico en el sentido más clásico” de esta expresión. Recordó que diversas promotoras inmobiliarias compraron con antelación terrenos agrícolas en la zona donde se desarrolla este planeamiento. Añadió que estas operaciones “nos hacen sospechar”.
Ana González: “Ha sido un acuerdo de despachos”
Insistió en que, para parar este proyecto, no tuvieron otra opción que interponer un recurso contencioso administrativo ante el TSJC. “intentamos dialogar con el Ayuntamiento no hubo manera. Tiraron delante de una forma muy opaca. Ha sido un acuerdo de despachos, entre el Ayuntamiento y la Consejería de Territorio de la Generalitat y punto”, recalcó la concejal.
González subrayó que las sentencias judiciales tienen una “carga política”. En estas resoluciones se constata que las competencias urbanísticas que competen al Área Metropolitana de Barcelona “se han visto ignoradas a través de un acuerdo a dos bandas entre el Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Consejería de Territorio”.
Las sentencias también dejan de vuelta y media la AMB porque se inhibió. González recuerda que, cuando se inició la tramitación del proyecto en 2014, el organismo metropolitano estaba controlado por socialistas y convergentes: los primeros gobiernan el Ayuntamiento de L’Hospitalet desde hace más de 40 años, mientras que los segundos (actualmente, Junts per Catalunya) están al frente de la Consejería de Territorio.
Dos concejales investigados
Los comuns se han personado como acusación popular en el caso del Consejo de Deportes de L’Hospitalet, por el que el pasado junio se detuvo a dos concejales socialistas del equipo de gobierno: Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza. Se investiga un presunto desvió de subvenciones públicas.
Precisamente, este caso tiene su origen en la denuncia que interpuso otro concejal socialista, Jaume Graells. Este dimitió como sexto teniente de alcalde pero se mantiene como concejal.
La Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional (UDEF) entró hace dos semanas en la Secretaria General del Deporte de la Generalitat y en el área de deportes de la Diputación de Barcelona, que preside la propia Nuria Marín, para requerir documentación sobre las subvenciones otorgadas al Consejo de Deportes de L’Hospitalet, según avanzó este viernes NacióDigital.
