Nuevo golpe contra la corrupción de CDC

El presidente de la Diputación de Lleida y alcalde de Fondarella, Joan Reñé, ha sido detenido a primera hora de este martes por los Mossos d’Esquadra en una operación contra la corrupción política de Convergència (CDC). También se han detenido altos cargos de la corporación provincial y directivos empresariales. Los agentes están efectuando diversos registros.

Entre los primeros detenidos también se encuentra la responsable de organización de la Diputación de Lleida, cargos de la sección de conservación de carreteras de la Generalitat, así como directivos de constructoras. Según la información avanzada por La Vanguardia, estos directivos serían de las empresas Enginyeria Inalba y M & J Gruas, que los agentes están registrando.

La Operación Boreas, por la que se investiga una trama de cobro de mordidas en la Diputación de Lleida, se ha desplegado cuatro años después de que la Fiscalía Provincial iniciase una investigación a raíz de la denuncia de un socio de la constructora M y J Gruas.

Entre los delitos que se imputa a los detenidos están los de soborno, cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, fraude a la administración o pertenencia a grupo criminal.

El dinero fue a los bolsillos de Reñé y al partido

Este caso tiene dos caras: en una se investigan los pagos en metálico efectuados a Rañé, que supuestamente se mantenían en la actualidad; y en la otra se indagan las donaciones que en el pasado se realizaron a la fundación Catdem y a otras entidades vinculadas la desaparecida Convergència.

Reñé pudo recibir durante años pagos periódicos de 11.000 euros en metálico relacionados con la adjudicación de obra pública. Preside la Diputación de Lleida desde 2011 y es uno de los vicepresidentes institucionales de la Associació Catalana de Municipis.

En 2014, uno de los socios de M y J Gruas advirtió a la fiscalía del pago de supuestas mordidas al presidente de la Diputación. Estos pagos supuestamente estaban relacionados con la adjudicación en 2010, a través de una UTE, del mantenimiento de seis depuradoras en la comarca del Pla d’Urgell. Tanto M y J Gruas como la UTE Depurpla 2 figuran como donantes de Catdem, una fundación convergente ya desaparecida. El contrato ascendió a 22,5 millones de euros.

El mencionado socio reclamó en 2014 la celebración de una junta extraordinaria tras localizar un cheque de 11.500 euros sin justificación. Como no le convencieron las explicaciones, acudió a la fiscalía.

Este es un nuevo escándalo vinculado a la corrupción de Convergència (de la que nació el actual Pdecat) después del caso Palau y de la trama del 3%.