Mas presiona a Recoder para adjudicar Aigües Ter Llobregat

El Govern necesita ingresar recursos cuanto antes. Las elecciones anticipadas del 25 de noviembre suponen un problema para poder acelerar algunas cuestiones pendientes, pero la Generalitat desea cerrar la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) y recaudar los 300 millones de euros que deberá desembolsar el adjudicatario final, que será Acciona o Agbar.

El departamento responsable de la privatización es Territori i Sostenibilitat, que dirige el conseller Lluís Recoder. Fuentes del departament admiten que el proceso de licitación “es muy complejo” y que difícilmente se podrá completar antes de la segunda semana de diciembre. En ese momento, el Govern podría seguir en funciones, antes de que se constituya el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas del 25N.

La voluntad del president Mas, y también de Economia, aunque desde el departamento que dirige Andreu Mas-Colell se mantiene que es una responsabilidad del conseller Recoder, es que se adjudique cuanto antes para poder cerrar un ejercicio muy complicado y tratar, así, de cumplir con el déficit exigido del 1,5%.

Sin tiempo material

Si se cierra antes del 31 de diciembre, la Generalitat se podría descontar los 1.000 millones de euros de deuda ordinaria cuando finalice la operación, e ingresar ya 300 millones de euros, que se consideran vitales en estos momentos en los que el Govern no puede pagar a muchos proveedores.

Pero los técnicos del departamento de Territori i Sostenibilitat aún no han finalizado el informe técnico sobre los pliegos de los interesados en la adjudicación. Y tampoco tendrán tiempo, consideran, de realizar una valoración económica. La cuestión, además, es que las dos empresas que optan a la adjudicación, Acciona y Agbar, aún podrían, posteriormente, mejorar sus proyectos, con la presentación de una oferta definitiva.

Créditos de La Caixa y BTG Portugal

Acciona y Agbar han pujado después de conseguir un crédito sindicado liderado por La Caixa y la aportación económica del banco brasileño BTG Portugal, respectivamente. La empresa que se acabe adjudicando la privatización deberá aportar 300 millones de euros en el momento de firmar el contrato, y 700 millones más a lo largo de los 50 años de duración de la concesión.

La Generalitat, en cualquier caso, quiere el dinero ya, después de un proceso que se considera que se ha demorado demasiado. La angustia es grande, porque el Gobierno español, según el propio portavoz del Govern, Francesc Homs, ralentiza sin una razón clara las entregas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El Govern pidió al FLA, finalmente, 5.433 millones de euros, pero, hasta ahora sólo han llegado dos tramos por una cuantía total de algo más de 1.000 millones.

Falta de liquidez

La falta de liquidez es asfixiante. En gran parte porque la Generalitat debe pagar, en primer lugar, los vencimientos de la deuda que se van acumulando. Y eso es sagrado, aunque el coste sea la práctica paralización de la administración, principalmente de las inversiones.

La exigencia de cumplir con el 1,5% de déficit para este año, ha llevado a la Generalitat a realizar un esfuerzo enorme. Así, el Govern ha cerrado hasta agosto con un déficit de 988,5 millones de euros, que podría suponer, según diferentes cálculos, un 0,5% de déficit sobre el PIB. Es decir, que habría hecho los deberes, aunque el precio sea una parálisis enorme, principalmente en el capítulo de inversiones.

Un 59% menos de déficit que en 2011

La ejecución presupuestaria hasta agosto indica que, en comparación con agosto de 2011, la Generalitat ha reducido el déficit en un 59%. De los 2.379 millones de déficit de agosto de 2011 se ha pasado a los 988,5 millones de agosto de 2012.

Pero todos los ejecutivos autonómicos tienen un mayor volumen de gasto en el último trimestre del año, y, especialmente, entre finales de octubre y diciembre. En ese tramo del año se acumulan las facturas.

Es por ello que la Generalitat necesita cuanto antes los 300 millones de la adjudicación de ATLL. Otro de los concursos pendientes es el de la gestora de los túneles de Vallvidrera y del Cadí, Tabasa, por 430 millones de euros. En este caso, la resolución está mucho más verde.

Abertis se ha visto en la tesitura de presentar una oferta, aunque todavía no la ha concretado. El concurso podría quedar desierto.