Mas improvisa una cumbre anticorrupción acuciado por la posible imputación de Oriol Pujol

El sistema político catalán, como el español, está revuelto. La convulsión es total. Y hay nuevos actores que infuyen mucho más de lo que desearían los partidos que han gobernado Catalunya en los últimos 30 años. Tanto CiU como el PSC, los partidos transversales, los que han dominado las instituciones, la Generalitat o los ayuntamientos y las diputaciones, ven con cierto temor el ascenso de Ciutadans.

El partido que dirige Albert Rivera comienza a molestar. Pasó en las elecciones del 25N de tres a nueve diputados. Y sus postulados de regeneración democrática han comenzado a calar entre una ciudadanía que ya no muestra el grado de fidelidad política de hace unos años.

Tacticismo y precipitación

Ciutadans propuso una cumbre anticorrupción, y ya había elaborado una primera propuesta que circulaba estos días entre los partidos. El president Mas no podía negarse, según diversas fuentes, a participar en esa cumbre, pero, como ocurre en tantas ocasiones en la política catalana, el tacticismo de los partidos es omnipresente. Es decir, Mas debía tomar la iniciativa, y no ir por detrás de una propuesta de un partido que se consideraba hasta hace muy poco como marginal. Así que en las últimas horas decidió llamar a los responsables de organismos judiciales y de control para citarles en una cumbre que todavía no tiene fecha, con el objeto de reflexionar sobre posibles medidas para atajar la corrupción. No fue una decisión madurada en las últimas semanas, con un guión previo y con una cierta expectativa de las respuestas que pudiera recoger. Ha sido, según diversas fuentes, «una idea precipitada».

En su comparencia en el Palau de la Generalitat aseguró que en muchas ocasiones lo que puede venir, tras una catarsis política, no es necesariamente mejor. Se refería el president a situaciones similares a las vividas en Italia, y al ascenso de fuerzas políticas populistas. Entre ellas, CiU sitúa a Ciutadans.

Esa circunstancia ha sido determinante. Tras conocer el desarrollo del caso Bárcenas, y la publicación en El País de los supuestos beneficiaros del PP de los sobresueldos que otorgaba el ex tesorero del partido, Mas decidió que podía adelantarse y aparecer como el político más responsable. El president ha reflexionado sobre las consecuencias que está teniendo entre la ciudadanía, y ve posible que todo acabe contaminado, también su plan soberanista, que él denomina como “de transición nacional”.

Decisión traumática

Pero ligado a ello, Mas también ha reaccionado tras ser consciente de que tiene un problema sobre la mesa de carácter urgente. El equipo de Presidència está preocupado, como lo está todo el partido, Convergència, por la posible imputación del secretario general de CDC, Oriol Pujol, por el caso ITV. Si se imputa a Pujol, también portavoz parlamentario de CiU, –aunque legalmente no sea otra cosa que otorgarle la posibilidad de la defensa jurídica para que afronte el proceso judicial— Mas deberá tomar decisiones duras.

Cualquiera de ellas será traumática. Si se invita a Oriol Pujol a dimitir de sus responsabilidades, será aceptar una cierta culpabilidad. Si Oriol Pujol se mantiene al frente de ellas, la crítica por parte de la oposición será despiadada. Y también por parte de la opinión pública, que difícilmente en estos momentos, aunque los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad para explicar los detalles, querrá interiorizar todas las disquisiciones jurídicas.

En contacto con el poder judicial

El president, por tanto, ha querido aparecer como el político más responsable. Pero, lejos de buscar un gran acuerdo con todos los partidos, que son ahora y en el pasado más reciente, el epicentro de la corrupción, –porque la mayoría de casos han estado relacionados con la financiación ilegal o irregular de los partidos políticos–, ha decidido invitar a esa cumbre a personas y organismos muy dispares: la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; el Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol; el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Miguel Angel Gimeno; el Síndic Mayor, de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat; el Síndic de Greuges, Rafael Ribot, y el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso Laso. Quiere de todos ellos aportaciones y reflexiones para combatir la corrupción.

Una fuente consultada, conocedora de la convocatoria del president, asegura que “no se entiende” que convoque a los responsables del poder judicial. Y que, precisamente, ello puede provocar “más alarma que tranquilidad”. Porque, ¿qué hace el jefe de un Ejecutivo llamando a los titulares del poder judicial, como el Fiscal Superior de Catalunya, o al presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya?

Las críticas del PSC

Los partidos políticos no han tardado en criticar el movimiento del president. El portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena, considera “muy extraño” que no se convoque a los partidos, cuando són éstos lo que están bajo sospecha. Y son los que pueden solucionar la situación. “El problema está diagnosticado, lo que hace falta es hacer, no decir más, sino hacer”, asegura una fuente conocedora del proceso.

En el Parlament los partidos están negociando una ley de la transparencia, y se mantiene el objetivo de, esta vez sí, elaborar una ley electoral propia: Catalunya es la única comunidad, desde 1980, que no la tiene. Esas medidas deben posibilitar una mejor conexión entre el ciudadano y su representante político, y también una mejora clara de la financiación de los partidos, origen de todos los males.