Manteros, narcopisos e incivismo: el cóctel que lleva de cabeza a Colau
La agresión a un turista precipita a la alcaldesa este miércoles a su tercera reprobación, la segunda vinculada a la crisis de inseguridad en Barcelona
Desde el minuto cero de su mandato, con la Guardia Urbana de uñas y un discurso político más empático con el activismo que con los cuerpos policiales, las políticas de seguridad han sido uno de los asuntos que más les ha costado manejar a Ada Colau y el gobierno municipal de Barcelona en Comú (BC). No en vano, la crisis de seguridad ya le costó a la alcaldesa su primera reprobación, y hoy, salvo sorpresa mayúscula, le costará la tercera.
La primera, a finales de abril, fue por la crisis de los narcopisos. Ahora, la espoleta con la que la oposición ha forzado una comisión extraordinaria para volver a reprobar las políticas de seguridad del gobierno municipal de Barcelona es la agresión de un grupo de manteros a un turista, un asunto especialmente espinoso porque engloba dos de las cuestiones que más y más feroces reproches le han costado a Colau: sus políticas respecto del top manta y del turismo.
Pero el episodio es solo el último de una larga serie de crisis relativas a la seguridad y el civismo, muchas de las cuales permanecen sin resolver. Aquí listamos algunas de las más significadas.
Conflicto con la Guardia Urbana
Que la candidatura de Colau alimentara un discurso crítico con la policía e incluyera al abogado Jaume Asens, que había denunciado exceos policiales en los disturbios de Can Vies y se había alineado con las tesis planteadas en el documental Ciutat Morta -que incluían un supuesto montaje policial de la Urbana para condenar a varios inocentes- no era un buen augurio.
La patata caliente la enfrió Colau confirmando en su puesto al jefe de la Urbana, Evelio Vázquez; modulando el discurso, y situando como máximo responsable de Seguridad a Amadeu Recasens, un experto en materia de seguridad fichado ad hoc y que depende directamente del área de alcaldía. Pero en el cuerpo sigue habiendo amplios sectores que no ven con buenos ojos a sus responsables políticos, y la ausencia de un concejal específico coloca a la propia alcaldesa en el punto de mira de la oposición cada vez que hay un problema de seguridad.
Narcopisos
La de la proliferación de narcopisos en el Raval, sobre la que, tres décadas después, vuelve a sobrevolar el estigma de la droga que en los ochenta asolaba la zona, es la mayor crisis de seguridad que ha tenido que afrontar Colau. El enfrentamiento en abril, en plena calle y con machetazos incluídos, entre dos hombres que, según la policía difundió en su momento, eran vigilantes de sendos narcopisos, disparó todas las alarmas, y propició aquella primera reprobación.
Un mes después, BC pactó un plan de choque para el barrio con el Pdecat, que incluía más inspecciones, más limpieza y más atención social, y en la Junta de Seguridad Local celebrada en junio, es decir, en su primera reunión con el conseller de Interior, Miquel Buch, Colau anunció que se trabajaría en coordinación con la Generalitat y la fiscalía para que aumentar la eficacia a la hora de llevar delitos de narcotráfico a los juzgados. En la propuesta que se someterá a votación en la comisión de este miércoles, la oposición le reclama a Colau que cumpla el plan de choque.
Más hurtos
Barcelona ha registrado un incremento interanual de los delitos y faltas de un 15% entre mayo de 2017 y el mismo mes de este año, según los datos cotejados en aquella primera cita de Colau y Buch, que anunciaron que trabajan en un plan piloto para poner freno a la práctica delictiva que más crece: los hurtos. La idea es hacer constar en los atestados por hurtos cometidos por delincuentes que los practican de manera habitual que se trata de una práctica reiterada.
Por lo demás, Colau también le pidió a Buch un incremento de efectivos de Mossos en Barcelona, tanto para hacer frente al auge delictivo en general como para abordar la crisis en Ciutat Vella en particular, pero por ahora, la Generalitat solo se ha comprometido a pagar más horas extra a los que ya tiene desplegados.
Top manta
Colau y su comisionado de seguridad repiten cada vez que se les saca el tema que no hay más tolerancia que antes con el top manta, pero es obvio que sí la hay, y así lo han entendido los propios vendedores irregulares. También niegan que el cambio de actitud del consistorio respecto de la venta ambulante haya provocado un efecto llamada, que en los últimos tres años ha disparado el número de manteros, y alegan que muchas otras ciudades de la costa catalana afrontan una burbuja de top manta similar, con sus correspondiente conflictividad.
La agresión al turista, en plena plaza Cataluña, y en la que participaron numerosos vendedores y que fue grabada en vídeo, deja más sola a la alcaldesa, que le pasa la pelota a los Mossos d’Esquadra con dos argumentos: uno, que se trata de un problema de orden público, y dos, que hay que perseguir a las mafias que proporcionan la mercancía ilegal. Pero el discurso no convence ni a la oposición ni al tejido comercial barcelonés, en pie de guerra contra la alcaldesa por este asunto.
Turismofobia
Colau hizo bandera desde que decidió dar el salto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a la alcaldía de la lucha contra los excesos del turismo. El discurso, sustentado en el estallido vecinal contra el incivismo en la Barceloneta, el último verano con Xavier Trias como alcalde, también ha vertebrado muchas de sus políticas, como la de restringir el parque de plazas de alojamientos turísticos.
La cara B es que cada vez que se produce un ataque al turismo, sea en forma de pintadas, de asalto a un bus turístico, como el que Arran perpetró el verano pasado -y que propició otra comisión extraordinario de seguridad en pleno agosto- o la agresión del miércoles pasado, se le acusa de alimentar con su discurso el odio al turismo, una actividad que en los últimos años ha tenido un peso de entre un 12 y un 15% en la economía de la capital catalana.
Incivismo
El que sufrían y por el que protestaban los vecinos de la Barceloneta el último verano de Trias era un problema de incivismo, vinculado al turismo low cost que inundaba el barrio. Cuatro años después, y pese a la lucha desplegada por el consistorio contra los pisos turísticos ilegales, el problema persiste y los mismos vecinos acusan al gobierno municpal de dejadez, tal y como publicaba la semana pasada El Periódico.
No es ese el único punto conflictivo en que los vecinos adoptan medidas por su cuenta para paliar la inacción municipal. La Vanguardia daba cuenta el domingo de otra de esas iniciativas: la de los agentes cívicos contratados por los bares del paseo del Born para ahuyentar a los lateros que campan por sus respetos.
Mientras, en el barrio de Gracia, la plaza del Sol ha vuelto a ser colonizada por el botellón, una práctica prohibida por la ordenanza de civismo pero que, según denunció en su momento el PP, el gobierno de Colau quería despenalizar cuando reformara la norma, que el gobierno de BC considera muy estricta.
Pero esa puesta al día del texto está bloqueada, según admitió en mayo el ejecutivo, por falta de apoyos.
