Madrid pierde 82 millones con la venta de 3.000 pisos protegidos

La Comunidad de Madrid ha adjudicado 3.000 pisos protegidos al fondo inversor Goldman Sachs-Azora por un importe de 201 millones de euros, 82 millones menos del coste de construcción. El fondo de inversión estadounidense ofreció un 20% más del precio mínimo exigido por el gobierno autonómico.

El equipo del presidente Ignacio González (PP) convocó un concurso público para deshacerse de 3.000 de las 13.000 viviendas que gestiona la Comunidad en régimen de alquiler con derecho a compra. El gobierno asegura que la operación sólo le comporta beneficios: se ahorrará 800.000 euros anuales por concepto de IBI y 1,5 millones que cuesta la reparación anual de las viviendas.

Los partidos de la oposición han denunciado que la cesión supone una pérdida patrimonial y el sindicato Comisiones Obreras estudia una posible demanda contra el gobierno regional.

Sin cambio para los inquilinos

Los inquilinos de los pisos, pertenecientes al Plan Joven, no notarán ningún cambio en las condiciones, ya que mantendrán el mismo alquiler y podrán ejercer el derecho a compra. A partir del próximo año los inquilinos podrán decidir si adquieren el inmueble o continúan con el contrato actual. La compra de la vivienda supone, en promedio, un desembolso de entre 80.000 y 100.000 euros para cada arrendatario.

El gobierno madrileño ha justificado el bajo precio de venta por los problemas que enfrenta en la gestión de las viviendas. Algunas promociones sufren impagos y ocupaciones ilegales, una situación que deberá asumir íntegramente la empresa compradora. La Comunidad también justifica el bajo precio por la caída que ha experimentando la vivienda y que, según sus previsiones, seguirá disminuyendo.

Comisiones Obreras estudiará introducir dos recursos judiciales contra el proceso privatizador. El primero se basa en la ley de arrendamiento urbano, que establece que el inquilino tiene el derecho de tanteo (prioridad para comprar) cuando una vivienda se pone en venta. El segundo recurso es una querella por expolio del patrimonio de la Comunidad.