Los rebeldes del PSOE amenazan con profundizar la división
Los ocho diputados que votaron negativamente a Rajoy presentan el lunes sus alegaciones para no ser sancionados. Dicen que si los apartan de sus cargos la crisis del partido será mayor
Este lunes los ocho diputados del PSOE que rompieron su disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy presentarán sus alegaciones para evitar que, además de la sanción económica que podría ir de 200 a 600 euros, se les aparte de sus cargos.
Lo más probable es que los legisladores rebeldes (Susana Sumelzo, Margarita Robles, Zaida Cantera, Odón Elorza, Rocío de Frutos, Luz Martínez Seijo, Pere Joan Pons y Sofía Hernanz) entreguen un escrito en conjunto, y para frenar cualquier correctivo, advirtieron que si la gestora inicia una purga se agravará la división y el malestar existente en las filas socialistas.
Los otros siete diputados que votaron contra Rajoy provienen de las filas del PSC, y en las alegaciones ya presentadas argumentaron que ellos obedecieron al mandato del Consell Nacional de su partido, que si bien está federado al PSOE, tiene un funcionamiento autónomo.
Se viene cambios en el organigrama socialista
Varios miembros díscolos son portavoces en comisiones, como los catalanes Manuel Cruz (Educación) y Mercé Pérez (Pacto de Toledo), y otros son adjuntos, como Zaida Cantera (Defensa) y Rocío de Frutos (Empleo).
Ya desde Ferraz se proyectaba realizar varios cambios en el organigrama socialista, con cambios de figuras en el comité director y entre los portavoces. El debate es hasta qué punto ésta sea la excusa para desplazar a los diputados rebeldes. «Deberían mantener al grupo al margen de movimientos sectarios», dijo a EFE una de las diputadas que rompió la disciplina de voto.
La gestora también tiene que decidir si sancionará o no a las legisladoras María González Veracruz y Adriana Lastra, que se abstuvieron pero anunciando de que lo hacían «por imperativo legal».
El mecanismo es que tras las alegaciones, el responsable de disciplina, Luis Carlos Sahuquillo, elevará su informe a la dirección del grupo parlamentario, y de allí el dictamen pasará a manos del Comité Permanente (donde están los portavoces de las comisiones). Este organismo decide si traslada el expediente a la gestora del PSOE para que tome sus medidas disciplinarias.
Técnicamente, los estatutos del partido contemplan castigos que llegan a la suspensión de militancia e incluso la expulsión del partido, pero el presidente de la gestora, Javier Fernández, aseguró que no se contempla llegar a este extremo.
