Los CDR detenidos niegan que quieran huir como Puigdemont

Las defensas de los miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) detenidos alegarán ante la Audiencia Nacional que cuentan con suficiente arraigo familiar como para evitar su fuga al extranjero. Esta estrategia, sin embargo, no les valió a los políticos presos para abandonar la prisión preventiva después de que Carles Puigdemont se fugara.

De acuerdo con La Vanguardia, las defensas de los detenidos el pasado lunes 23 de septiembre y enviados a prisión alegarán su arraigo tanto familiar, laboral como social para obtener su libertad. La intención de las defensas sería presentar los recursos directamente en apelación, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, evitando así recurrir ante el juez instructor, Manuel García Castellón.

La intención de los letrados que defienden a los detenidos es defender que gozan de una vida asociativa lo suficientemente extensa y potente para no abandonar el país. Asimismo, su estrategia pasaría por alegar que cuentan con apoyos en Cataluña, lo que desacredita que puedan ser considerados terroristas.

Una de las argumentaciones del juez Manuel García Castellón para decretar la entrada en prisión de los detenidos, además de la gravedad de los presuntos delitos, es que interpretaba que existía tanto riesgo de fuga como de destrucción de pruebas.

Organización terrorista

La interpretación del García Castellón es que todos los detenidos forman parte del ala más radical de los CDR,  al que considera una organización terrorista, y denomina Equip de Resposta Tàctica (ERT). Las defensas, según La Vanguardia, denuncian que en los autos de prisión a los que ellos han accedido no se enumeran los indicios que existen contra los presos. Por eso, van a recurrir ante la Sala de lo Penal, que conformarán tres magistrados, alegando que el arraigo de los detenidos justifica que no dejen Cataluña.

Algunos de los detenidos han reconocido ante el juez que contaban con material explosivo; si bien siempre han insistido en que su intención nunca era hacer daño a las personas. El juez cree que los ERT contaban con planes para entrar en el Parlamento catalán, así como atacar algunas infraestructuras, como torres de electricidad. Los abogados defensores también han solicitado que se investigue lo que ellos consideran «filtraciones masivas» a los medios de comunicación.