Los críticos del PSOE con el pacto con Bildu lamentan no tener “apoyos suficientes”
La dirección del PSOE descarta un comité federal para tratar los pactos de los Presupuestos. "Ni se ha planteado, ahí no está el debate", dicen
El Gobierno de coalición ya tiene a EH Bildu como socio prioritario para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El presidente Pedro Sánchez incluso ha felicitado a los suyos por ir sumando apoyos, mientras en su partido ponen el grito en el cielo. Algunos barones socialistas, e incluso ministros, se muestran en desacuerdo con este pacto e intentan aferrarse a la ‘vía Ciudadanos’.
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, abría la veda de las críticas socialistas y lo hacía dando la cara, públicamente a través de las redes sociales: «Ver a Otegi siendo clave para decidir los PGE, del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético».
Las declaraciones de Vara encendieron aún más a los críticos dentro del partido. Las condiciones de Ciudadanos sacarían definitivamente a nacionalistas vascos y catalanes de la ecuación y es lo que algunos dirigentes desearían como el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien calificó a ERC de «aliado inquietante», y abrió la puerta a la formación de Arrimadas, un «socio y aliado muy tranquilizador».
«El PSOE no es un partido democrático, es el partido propiedad de Pedro Sánchez», recalcó contundente este jueves en una entrevista en La Razón el histórico socialista Joaquín Leguina.
Para el expresidente de la Comunidad de Madrid, «Sánchez tenía que haber formado un acuerdo de gobierno con los constitucionalistas fácilmente». A muchos socialistas les duele ver en qué se ha convertido el partido que ellos mismos cuidaron de no llevarlo hacia los extremos, algo por lo que ha apostado el proyecto de Sánchez.
«No tenemos apoyos suficientes»
Algunos, incluso, sugieren en voz baja la «obligación» de la Ejecutiva socialista de convocar un Comité Federal para valorar los acuerdos a las cuentas públicas, una vez esté cerrado el pacto.
Precisamente, la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, animó este jueves a los socialistas a plantar cara a Sánchez en un Comité Federal y que «actúen en consecuencia», como ya hicieron en octubre de 2016 cuando al presidente se le impedía pactar con Bildu y los independentistas.
Pero el poder ha cambiado de manos y el sector que apostaba por seguir con el bipartidismo para evitar romper España con nacionalistas y separatistas se ha visto tan mermado que «no tenemos apoyos suficientes», lamentan las voces críticas.
Ver a OTEGUI siendo clave para decidir los PGE, del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético.
— Guillermo Fdez Vara (@GFVara) November 11, 2020
El reglamento del Comité Federal permite que un tercio de los miembros de este órgano puedan convocarlo en sesión extraordinaria a través de una resolución firmada y motivada a la Comisión Ejecutiva Federal, «la cual convocará en un plazo no superior a cinco días a contar desde la fecha de recepción de la resolución», según los estatutos del partido.
Los socialistas consultados aseguran que «no serviría para nada» porque «te vienen con un pacto ya hecho y sin tiempo».
La prioridad del Gobierno y también del PSOE es sacar las cuentas adelante para dar estabilidad a la legislatura. «En estas circunstancias no podríamos decir que no», insisten explicando que la Ejecutiva socialista debería de haber convocado un Comité Federal para discutir previamente «la política de pactos».
Desde Ferraz sostienen que «nunca antes se ha convocado un Comité Federal para tratar los pactos de los Presupuestos». «Ni se ha planteado ahora, ni nos ha llegado ninguna petición, ni nada. Ahí no está el debate», sostienen desde la sede de los socialistas.
Acercamiento de presos
El asunto que trasciende al pacto son las premisas, que para algunos socialistas son «innegociables para el PSOE» como es el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco.
El ‘sí’ expreso de Bildu a apoyar los Presupuestos se hizo público tan sólo unas horas antes de conocerse que el Ministerio del Interior autorizó el acercamiento de otros cinco presos de ETA al País Vasco, dos de ellos asesinos de los Jiménez-Becerril.
El acto fue entendido como una «muestra de la voluntad del Gobierno de España para trabajar en el proceso de socialización», según defendió la vicelehendakari socialista, Idoia Mendia.
Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), son ya 103 presos de ETA trasladados con el Gobierno de Sánchez, de los que 18 son directamente al País Vasco y Navarra. 25 tienen delitos de sangre y otros 15 han sido progresados al tercer grado o régimen de semilibertad (entre ellos, cinco con delitos de sangre).
«Hoy si cabe desde la AVT escribimos estas líneas más preocupados que nunca, ya no por los acercamientos, sino por esas palabras del vicepresidente segundo del Gobierno que dinamitan absolutamente toda la Verdad de lo que ha sucedido en este país, permitiendo que sean los verdugos los que ganen la batalla del relato y encima gobiernen España», señala la asociación en un comunicado.
La AVT vincula el «fin de la dispersión» de los presos de ETA con una «cesión» en la negociación de los Presupuestos, ya que denuncian que siguen sin colaborar con la Justicia en los crímenes que aún no han sido esclarecidos. «Ahora que el señor Iglesias ha afirmado sin tapujos que Bildu será uno de los principales dirigentes del Estado, podemos temernos lo peor, ya que recordemos: no los quieren cerca, los quieren libres», sostienen.
Los históricos siguen recogiendo firmas
Los socios presupuestarios del PSOE no habría sido el único motivo de enfado entre las filas socialistas. Los «acuerdos complementarios», como algunos les llaman, con los independentistas también han destapado un verdadero movimiento en contra de los deseos de Pedro Sánchez.
Históricos dirigentes del PSOE ya llevan 25.000 firmas recogidas contra la ‘Ley Celáa’ de Educación, que contempla la exclusión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza tras un acuerdo del Gobierno con ERC para allanar su apoyo a las cuentas públicas.
La propuesta iniciada por el socialista Antonio Miguel Carmona y el histórico dirigente del partido, Zenón Jiménez Ridruejo, ya lleva recogidas 25.000 firmas en la plataforma change.org en defensa del carácter vehicular del castellano en España y en contra de la enmienda de los independentistas.
«Defendemos todos los idiomas españoles. El vasco, el catalán, el gallego y el castellano. Cualquier agresión a cualquiera de ellos tendrá nuestra reprobación. Ese sentido, Montse Bassa (ERC) es la que más claro lo tiene cuando dice que el español podrá enseñarse en Cataluña, no como vehicular, sino como el inglés o el francés», apunta Carmona.
A la propuesta se han sumado históricos del PSOE como dos expresidentes del Senado, Juan José Laborda y Javier Rojo; el exsecretario general de la Seguridad Social Adolfo Jiménez; el exsecretario general de la UGT Cándido Méndez, la decana feminista Lidia Falcón, exministros como César Antonio Molina y José Barrionuevo, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra y el economista José Carlos Díez, entre otros.
«La enmienda supone una modificación sustancial de la posición del Partido Socialista Obrero Español sobre un tema central en el contenido de los acuerdos adoptados en el Pacto Constitucional», exigen los firmantes al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
«Exigimos que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución», zanjan.
Pero el Gobierno sigue adelante y con prisa por sacarla adelante en la Cámara Baja. El dictamen será votado en la Comisión de Educación este viernes y será llevado en conjunto para votarse nuevamente en el Pleno del Congreso la próxima semana, concretamente, el jueves 19 y no el 26, como estaba planteado anteriormente.
Esto quiere decir que los grupos parlamentarios tendrán solo seis días (con el fin de semana de por medio) para analizar el dictamen del proyecto de ley educativo. El Pleno es el último paso en la Cámara Baja antes del salto de la norma al Senado y desde el Gobierno dan por aprobado el trámite.
