Llarena da luz verde también al traslado de Rull, Turull y Forn
El Ejecutivo central informa al Govern de que el juez Llarena ya ha dado el visto bueno al acercamiento de los tres últimos presos independentistas
El Gobierno de Pedro Sánchez ya cuenta con la luz verde del juez del Tribunal Pablo Llarena para iniciar el traslado de los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn, los tres presos independentistas cuyo acercamiento todavía no se había activado, según ha explicado la portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior a la reunión de este martes del consejo ejecutivo.
Artadi se ha quejado de falta de información precisa sobre los traslados, que en el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, el procedimiento se inició el lunes y se hará con escala en la prisión de Zuera, en Zaragoza, según ha confirmado la portavoz del Govern, que ha dicho no tener más datos.
La Generalitat habría preferido un traslado directo, como el de Bassa y Forcadell
La Generalitat, ha añadido, habría preferido un traslado directo, como sí será el de la exconsellera Dolors Bassa y la exvicepresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que serán trasladadas sin escalas.
Junqueras, Romeva, Sànchez y Cuixart, como Rull, Turull y Romeva, irán al centro penitenciario de Lledoners, en el municipio barcelonés de Sant Joan de Vilatorrada, previo paso por Brians 2, donde está previsto practicarles la revisión médica. Bassa y Forcadell, en cambio, se prevé que vayan directas a Puig de les Basses, en Figueres.
El Govern no ve el traslado como una contrapartida
Artadi ha remarcado que, pese a tener transferidas competencias penitenciarias, el Govern no puede decidir sobre la excarcelación de los presos ni tampoco aplicarles beneficios que no están previstos por la ley española para presos en prisión preventiva.
En el Govern, pese a que Artadi ha admitido que ha habido contactos referidos a este asunto se insiste además en que el traslado ha sido una decisión «unilateral» del Gobierno de Sánchez, que responde a la aplicación de la ley y que no puede ser considerado una concesión, o «una contrapartida», en palabras de Artadi, a tener en cuenta de cara a la reunión que el lunes que viene, 9 de julio, está previsto que mantengan Sánchez y el president Quim Torra en la Moncloa.