Las cuentas de Sánchez: recaudación récord de más de 227.000 millones
El Gobierno prevé ingresar un 8,3% más en impuestos que en 2018 para compensar que el déficit se quede finalmente en el 1,3%, y no en el 1,8% que pretendía
El Gobierno prevé en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) una recaudación fiscal récord de 227.356 millones que supera en un 8,3% de lo previsto en el presupuesto de 2018 y supone un aumento del 9,5% si nos remitiimos al avance de liquidación de las cuentas del año pasado.
Esa previsión de más ingresos que nunca permite al ejecutivo compensar el tener que contar con un déficit máximo del 1,3 y no del 1,8%, como preveía, al no conseguir aprobar esa revisión, bloqueada en el Senado por el PP y mantener el aumento del gasto social.
El ejecutivo de Pedro Sánchez prevé que la recaudación por IRPF se sitúe en 86.454 millones, un 4,9% más que en el avance de liquidación, mientras que en concepto de IVA cuenta con ingresar 78.307 millones, lo que supone un incremento del 11,7%.
Los ingresos de sociedades, según los planes presupuestarios, crecerán un 14,1%, hasta los 78.307 millones,gracias al establecimiento de un tipo mínimo del 15 % para grandes empresas -o del 18%, en el caso de la banca y las petroleras-. Y la recaudación de impuestos especiales se situará en 23.057 millones, un 11,8 % más.
El 42% del gasto, en pensiones
La propuesta presupuestaria se ha aprobado en el primer Consejo de Ministros del año y prevé un incremento del 3,1% del gasto consolidado, que se sitúa en 365.520 millones. La mayor parte de ese pastel, el 42,1%, es decir, 153.864 millones, se destinará a pensiones, cuya partida se incrementa en un 6,2%.
«Son unos presupuestos sociales que buscan equilibrio, convivencia y unión», ha defendido la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que ha presentado las líneas maestras de la propuesta junto a las ministras de Economía y de Haciencia, Nadia Calviño y María Jesús Montero.
Aumento inversor en Cataluña
Aunque Montero se ha remitido a la presentación que se hará el lunes, una vez se hayan entregado al Congreso, para detallar las diferentes partidas, ha admitido que los presupuestos «cumplirán con el Estatut» por lo que se refiere al compromiso inversor en Cataluña, que el ejecutivo ha elevado hasta el 18% del total -cinco puntos más que en 2018- para ajustarse a los criterios que fijaba la disposición adicional tercera del Estatut, que establecía que el porcentaje de inversiones en Cataluña respecto del total tenía que equipararse con el peso relativo de su Producto Interior Bruto (PIB) sobre el del conjunto de España.
El Gobierno busca así dejar sin argumentos a ERC y Pdecat para no avalar finalmente las cuentas, como ambas formaciones llevan amenazando con hacer desde hace dos meses. Montero ha insistido en que ese aumento inversor no se hace en concepto de «contrapartida» para nada, sino porque «hay que cumplir la ley, y en demasiadas ocasiones no se ha hecho la parte de inversión que corresponde» en Cataluña, pese a que el Tribunal Constitucional ya dictaminó en su día que la adicional tercera no era una disposición de obligado cumplimiento para el gobierno central.
