La sentencia del juicio del 1-O, tras las municipales
La dilación de la causa del procés hace prever al Supremo que el juicio oral no arrancará hasta diciembre o enero
El calendario de la causa del procés en el Tribunal Supremo (TS) se dilata. Pese a que en principio se contaba con que el juicio oral arrancaría este otoño, ahora los magistrados manejan otros plazos, y en el seno del alto tribunal ya se cuenta con que no empezará hasta mediados de diciembre o principios de 2019, lo que supondría que la sentencia podría retrasarse hasta pasadas las elecciones municipales y europeas de mayo del año que viene.
La cuestión es que la sucesión de recursos y peticiones de aplazamientos han retrasado los trámites previos a la apertura del juicio. Y un inicio en las nuevas fechas planteadas supondría que quedaría visto para sentencia entre marzo y abril, tras los cuales los siete magistrados que integran el tribunal tardarían entre dos y tres meses en tener lista la resolución.
La sentencia, en junio
Es decir, la sentencia, según ese calendario, que avanza este lunes La Vanguardia, no estaría lista antes de mayo o junio. Además, el TS suele aplicar el criterio de no dar a conocer sentencias con posible trascendencia política antes de una cita electoral.
La lentitud de la tramitación una vez concluido el sumario tiene que ver con las cautelas del Supremo para evitar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, al que se da por hecho que acabarán recurriendo los procesados salvo absolución, pueda concluir que se ha producido alguna vulneración de derechos fundamentales y se ha menoscabado el derecho de defensa de alguno de los acusados.
El sumario aún no se ha cerrado porque dos de las defensas han pedido una ampliación de plazo para estudiarlo y poder, si así lo consideran, proponer la incorporación de nuevas pruebas.
Pendientes de las conclusiones
Después, las partes tendrán que formular sus conclusiones, fase durante la cual las defensas podrían plantear un cuestionamiento de la competencia del tribunal que el TS también tendría que debatir y resolver. Es entonces cuando la fiscalía, por su parte, debería anunciar si mantiene o no la acusación de rebelión que pesa sobre la mayoría de acusados, y que puede acarrear penas de hasta 30 años de cárcel.
El gobierno catalán ha sustentado su estrategia para los próximos meses en una sucesión continua de llamamientos a la protesta asociados a la celebración del juicio. Es lo que se ha dado en llamar el «otoño caliente». El nuevo calendario judicial daría al traste con esos planes, y obligaría al ejecutivo de Quim Torra a posponer su estrategia de movilización permanente hasta el invierno.
