La policía detectó un cambio de rumbo del ‘clan Pujol’ a finales de 2011
La Unidad de Inteligencia informó al Gobierno de una reunión en la que se sentaron las bases de la financiación del partido y la nueva orientación política
El gobierno español conoció antes de las elecciones autonómicas de 2012 qué cambios estaba preparando el entorno del ex presidente Jordi Pujol en sus tramas de financiación oculta y en la cimentación del proyecto político independentista. Un informe de la Unidad Central de Inteligencia fechado en octubre de 2012 que resumía otras notas anteriores, y al que ha tenido acceso Economía Digital, relataba con todo tipo de detalles sobre las personas implicadas en el cambio que estaba teniendo lugar en la política catalana.
La policía es conocedora desde 2011 de la existencia de un “entramado” de financiación en el que estaban dirigentes de CDC, “e incluso ex dirigentes”, que había sido organizado como una estructura “para su propio enriquecimiento personal” pero que, sin embargo, operaba “bajo la cobertura de que se trata de financiación de su partido”.
Dinero para el independentismo como coartada
Los agentes que redactan la nota informativa destinada al Gobierno explican que en esta ocasión, en cambio, se produce una diferencia sustancial con la operativa de ese grupo. “Desde hace un año tal petición ‘complementaria’ de dinero [a empresarios catalanes] se pide también para ir preparando la supuesta estructura del nuevo estado europeo que sería hipotéticamente Cataluña”.
De acuerdo con la información “obtenida de fuentes sensibles” que manejaba la división de inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía y que fue trasladada en parte al Gobierno y a la Audiencia Nacional, a finales de diciembre de 2011 se produjo una reunión en la que, junto con Jordi Pujol, asistieron varios de sus hijos.
“Confirmado –prosigue el informe– Jordi, Oriol y Josep, Prenafeta, Macià Alavedra, Costafreda, Suqué, Ventura Durall, Rosell y Felip Puig”. En ese encuentro se decidieron cuáles serían la vías de funcionamiento del grupo y quién se responsabilizaría de cada tarea. Así, tras el encuentro, habrían sido informados el empresario Carles Sumarroca; el periodista José Antich, que entonces dirigía La Vanguardia; y, a través de ellos, se habría trasladado la información a Isidro Fainé y a Javier Godó.
Investigar al PP como defensa
El actual consejero de Economía y Empresa, Felip Puig, que entonces era el titular de Interior, sería –siempre según el documento policial– “el controlador” de la trama, se encargaría de las labores de inteligencia, de investigar a los líderes del Partido Popular en Cataluña para situarse en una posición de fuerza ante ellos, así como de blindar la operativa a filtraciones y fugas de información.
La parte de los ingresos de la trama se habría encargado a Joan Lluís Quer, un hombre de la confianza del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la instrumentalización seguiría diversos cauces, entre ellos las sociedades públicas Gisa, Ifercat, Regsa y Regsega. “Según varios empresarios que se ven obligados a abonar comisiones por obras y/o proyectos, el porcentaje va desde el 4% al 6%”, agrega el informe. Por encima, a la vista de esa información, del polémico 3% que denunció Pasqual Maragall en el Parlament de Catalunya.
