La mesa de Sánchez y Torra ya tiene problemas de formato y calendario

Es pronto para saber si Pedro Sánchez estaba en lo cierto cuando, al término de su reunión con Quim Torra, dijo que «el camino no va a ser fácil ni va a ser rápido». Apenas 24 horas después de su cita en el Palau de la Generalitat, la pregunta, en realidad, es si va a haber camino porque los acuerdos aparentemente alcanzados entre los presidentes tienen la fragilidad del papel de fumar.

Parecía superada la reivindicación del mediador por parte de la Generalitat para articular el diálogo con el Gobierno. Pero no. También parecía que las dos vías bilaterales abiertas entre ambas partes —la de la mesa sobre «el conflicto catalán» y la de la comisión sobre asuntos competenciales— podían facilitar las cosas. Pero tampoco. Y parecía que la parte catalana debía estar únicamente representada por el gobierno de la Generalitat. Y ni eso está claro.

Todo es confuso y problemático un solo día después de la entrevista entre los presidentes porque Torra ha puesto en cuestión tanto el formato como el calendario de la mesa de diálogo, cuya puesta en marcha queda ahora expuesta a la habilidad de los equipos negociadores.

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Por partes. Sánchez entregó a Torra un documento con 44 propuestas para alcanzar acuerdos, la mayoría de los cuales están relacionados con traspasos, inversiones y litigios de orden administrativo. El cauce para abordar todo este paquete es el de la comisión sobre asuntos competenciales —la llamada comisión bilateral Generalitat-Estado—, pero el titular de la parte catalana, el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch (ERC), considera que todo es secundario y que lo prioritario es abordar «el conflicto».

El presidente de la Generalitat, en cambio, opina lo contrario, así que ordenó este mismo viernes a su conseller que convoque la bilateral «lo más pronto posible». Lo ordenó justo después de que Bosch dijera en los pasillos del Parlament que no había prisa con lo suyo, que lo urgente es la mesa del conflicto.

Y, así,  las diferencias estratégicas de los socios de coalición quedaron al descubierto con toda crudeza. Ahora ya no está claro qué órgano hay que convocar en primer lugar porque la Generalitat tiene criterios para todos los gustos. El Gobierno no respiró.

Sánchez, Torra, Puigdemont e Iglesias

Al problema del calendario se le añadió otro casi en paralelo. Y es que Carles Puigdemont quiere hueco en la mesa de diálogo. El líder de huido, adicto al Skype, siempre está dispuesto a conectarse por videoconferencia y ya ha hecho llegar sus deseos. Quiere presencia en la mesa de diálogo a pesar de que no forma parte de ningún gobierno, lo cual parece, como poco, un impedimento definitivo. A Torra, en cambio, no se lo parece.

Para que ERC compre la idea, Puigdemont también está dispuesto a que se canalice en la mesa de diálogo la voz de los presos, pero ni su círculo de dirigentes de confianza aclaró cómo se puede obrar exactamente el milagro.

Mientras la parte independentista andaba en esto, el Gobierno también ha comenzado a meditar quiénes de sus 22 ministros deben participar en la mesa de diálogo. Y ya hay un primer nombre en circulación: el del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Hasta ahora, la dirigente que había tenido más peso por parte del Gobierno en la interlocución con la Generalitat había sido la vicepresidenta Carmen Calvo, particularmente porque mantiene un hilo fluido con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, que tampoco quiere faltar a la cita.

Compás de espera

Los problemas abiertos de formato y de calendario no son menores. En primer lugar porque, ahora, según Torra la cuestión del mediador es de «obligado cumplimiento». Nada de eso dijeron los presidentes al acabar su entrevista, pero ya se sabe que «el camino no va a ser fácil ni va a ser rápido».

El presidente de la Generalitat prevé reunir la próxima semana al conjunto del bloque independentista, es decir, a partidos y a entidades. Con todos ellos pactó que acudiría a la mesa de diálogo con la exigencia de autodeterminación y amnistía.

De la autodeterminación el Gobierno no quiere ni hablar, pero de amnistía ya hay pistas muy claras: la intención es una amnistía encubierta que se materializará mediante la reforma del código penal. El líder del PSC, Miquel Iceta, lo explicó este viernes sin muchos rodeos.