La Justicia reabre el parlamento británico antes del brexit
Entiende que el paso dado por el primer ministro es ilegal
El Tribunal Supremo del Reino Unido falló este martes, con un veredicto unánime, en contra del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, al considerar «ilegal» la suspensión del Parlamento durante cinco semanas.
Los once jueces de la máxima instancia judicial de este país tenían que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.
De acuerdo con la BBC, Johnson estaría ahora «procesando el veredicto». La presidenta del Tribunal Supremo habría, Lady Hale, además, ha sido muy crítica con el cierre aplicado por el primer ministro, señalando que el efecto sobre «los fundamentos» de la Democracia fue extrema. En este sentido, la Justicia británica cree que es erróneo frenar el Parlamento en pleno proceso del Brexit, previsto para el 31 de octubre.
Para la Justicia británica, el cierre del Parlamento es nulo y no tiene efecto e insistió en que la decisión de «recomendar» a la la Reina Isabel de aprobar el cierre del Parlamento fue ilegal, al generar los efectos de prevenir o frustrar su habilidad para afrontar sus obligaciones constitucionales.
Los tribunales escoceses ya habían dictaminado que la decisión del primer ministro británico era ilegal. De hecho, fueron justo estos tribunales lo que han provocado el pronunciamiento del Supremo británico.
La nueva medida podría abrir la puerta a que se produjera un nuevo aplazamiento de la salida del Reino Unido de la Unión Europea e incluso un nuevo cambio de primer ministro. Theresa May ya renunció hace unos meses al no conseguir que el Parlamento aprobara el plan pactado con Europa para su salida.
El punto más conflictivo es cómo se establece la frontera con Irlanda del Norte. Hasta el momento, Europa se ha mostrado inflexible con los términos del acuerdo; en el que España negoció tener derecho sobre cualquier decisión que el Reino Unido plantee sobre Gibraltar.
