La Justicia investiga si el Govern de Torra hackeó a jueces

Hace unos días, para sorpresa de los jueces y magistrados de los juzgados y tribunales catalanes, saltó en sus ordenadores un extraño mensaje de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat de Quim Torra que prácticamente avalaba el acceso a sus equipos para actividades de «control y seguimiento». No era el tipo de alertas a las que están acostumbrados los funcionarios.

El mensaje, que naturalmente amilanó a los jueces y magistrados, incluso llegaba a afirmar que el uso de los ordenadores de la Administración de Justicia implicaba una «manifestación expresa» del conocimiento de los términos y condiciones de la instrucción 3/2018, que avalaba el referido acceso. Para poder seguir utilizando el ordenador, los jueces debían clicar en una «confirmación de lectura»; caso contrario, el dispositivo quedaba bloqueado hasta que los funcionarios confirmaran que habían leído el extraño e inesperado mensaje.

Distintos jueces y magistrados, así como la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), informaron de este asunto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya Comisión Permanente confirmó este jueves que investiga si la Generalitat accedió indebidamente a estos equipos para actividades de inspección, control o seguimiento no previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En términos más modernos, el CGPJ investigará si la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat hackeó los ordenadores de la Justicia catalana.

El presunto hackeo del Govern de Torra a jueces pone en jaque datos sensibles

El mensaje encendió alarmas por muchas razones, la principal que los ficheros en los tratamientos jurisdiccionales de los juzgados y tribunales contienen en su mayoría información sensible como la identificación de la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o ético, así como historiales de condenas e infracciones penales. La investigación del CGPJ se centra precisamente en comprobar si la Generalitat accedió a estos datos.

Esta información se corresponde en no pocas ocasiones con las categorías especiales de los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y los artículos 9 y 10 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. Así las cosas, los responsables de estos tratamientos son los órganos jurisdiccionales, y ellos son los únicos que pueden autorizar el acceso a estos datos, informó el CGPJ en un comunicado.

El órgano de gobierno de la judicatura es la autoridad de control en materia de protección de datos en relación a los tratamientos de carácter jurisdiccional, por lo que le corresponde ahora incoar diligencias informativas para investigar eventuales accesos indebidos a esta información. El CGPJ pidió también al Centro de Documentación Judicial que compruebe técnicamente si se produjeron accesos indebidos en los juzgados y tribunales catalanes.

El Govern de Torra debe suspender provisionalmente toda actividad de inspección, control o seguimiento sobre tratamientos jurisdiccionales en un plazo de 15 días e informar con lujo de detalles de todos los accesos que haya llevado a cabo en los tribunales y juzgados, según comunicó el poder judicial.