La junta da una hora límite a los Mossos para retirar los lazos
La policía catalana deberá hacer desaparecer todos aquellos símbolos "partidistas" de los edificios públicos
La Junta Electoral Central (JEC) ha dado un plazo límite a los Mossos d’Esquadra para que quiten los lazos amarillos: tienen hasta las 15 horas de este viernes para que desaparezca la pancarta de la Generalitat, lazos y cualquier otro símbolo u objeto que considere «partidista» y que se exhiba en edificios públicos.
La Junta instó a que la resolución se cumpliera de «manera inmediata», ya que si no se da el caso, podría haber responsabilidades administrativas y penales penales; y recordó al conseller de Interior del Govern, Miquel Buch, que dichos símbolos son contrarios a la Ley. Además, pidió al conseller que asegurara la vigilancia de que este tipo de símbolos no volverán a colocarse en fachadas de edificios públicos durante el periodo electoral.
Esta vez, el órgano judicial amplía la orden más allá de banderas esteladas y lazos amarillos, e incluye en la orden pancartas o incluso «imágenes o expresiones» similares a las que hayan usado las formaciones que concurren a las elecciones. Si los Mossos no efectúan esta retirada de símbolos «estrictamente» y antes del plazo, la junta se dirigirá al prefecto de Policía de la Consellería para que lo ejecute, siguiendo las mismas instrucciones.
Las órdenes de la JEC llegaron poco después de que el presidente de la Generalitat Quim Torra, agotara el plazo de la junta que le obligaba a retirar banderas esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos, que burló, en el caso de la Generalitat, cambiando dichos símbolos por una pancarta con un lazo blanco con una franja roja.
La fiscalía estudiará investigar a Torra
En una segunda parte del acuerdo, la JEC ha pedido a Fiscalía General del Estado que considerara el posible delito de desobediencia cometido por Torra, cuando se negó a quitar los símbolos independentistas después de que la junta se lo ordenara. Según la ley, debe encargarse de estudiar el caso la Fiscalía de Superior de Cataluña y llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si lo cree necesario.
Si se acusa a Torra de un delito de desobediencia, podría enfrentarse a una multa de tres a doce meses e inhabilitación de entre seis meses y dos años, según el Código Penal.
