La Izquierda exquisita ante el golpe de estado catalán

¿Cuál debe ser la reacción de una sociedad democrática ante el intento de un golpe de estado que pretende hacer saltar por los aires el ordenamiento constitucional? ¿Cabe la neutralidad? Reflexionemos para poder contextualizar lo que está ocurriendo.

El sustento intelectual de los promotores de esta asonada golpista es la primacía del «derecho a decidir» por encima de la ley. Pretenden que no se puede impedir que los ciudadanos decidan en referéndum independientemente de lo que disponga la Constitución. Presentan como antidemocrática la prohibición de realizar esa consulta, en contra de la ley fundamental del país, sobre el futuro de una parte de nuestra sociedad a la que pretenden atributos de estado.

«Derecho a decidir» no es un concepto jurídico. Es un atajo, una trampa lingüística de un derecho a la autodeterminación que no pueden formular, porque sus condiciones están tipificadas en el derecho internacional con el cumplimiento de una situación de descolonización que en modo alguno se puede aplicar a Cataluña.

Derecho a decidir por encima de legalidad, un nuevo concepto

Derecho a decidir por encima de la legalidad. Se improvisa un nuevo concepto atractivo por primitivo. ¿Quién puede estar, en abstracto, en contra de que la sociedad se manifieste y decida? En síntesis, pretenden que la ley no puede impedir la manifestación de la voluntad del pueblo. Los golpistas interpretan la voluntad de un pueblo y se lanzan de cabeza contra la ley. Cumplir las leyes en un Estado democrático es la forma de prevenir abusos y proteger a las minorías.

No importa desobedecer la ley, sencillamente porque no se reconoce. Ese camino, además, por pura inercia reaccionaria, conduce a eliminar cualquier impedimento que trate de imponer la ley como condición primigenia de la democracia. Incluso, si las mínimas garantías formales democráticas son un obstáculo, se eliminan. ¿Aceptarían los promotores del referéndum que en un Estado catalán independiente una parte del mismo «decidiese su futuro» por encima de sus propias leyes?

Todos los autócratas, para disimular un poder autoritario o dictatorial, organizan consultas y referéndums para establecer una legitimidad con el apoyo conseguido del pueblo, que suele ser masivo. Los secesionistas catalanes han alterado el orden. Primero organizan una consulta sin sustento legal y luego aplican la decisión obtenida sin garantías. Los demás proyectos de ley para organizar el estado independiente son, sencillamente, insoportables. Sería una trampa detenerse a analizarlas.

Hasta los atentados, Cataluña estaba oprimida. Ahora presume de la capacidad para responder como un Estado independiente

Con este diagnóstico, lo que la situación exige es una respuesta desde la legalidad para impedir la consumación del golpe de estado. Ante este motín, la equidistancia y la neutralidad no son admisibles. Pretender entender las razones de los golpistas es un lujo que ningún ciudadano, ningún demócrata, se puede permitir.

Los golpistas controlan una de las autonomías más importantes, con un poderoso peso económico y un presupuesto enorme. Con un grado de autonomía como no tiene ningún estado federal. No sé si se han fijado: hasta los atentados escuchábamos constantemente a los nacionalistas afirmar que Cataluña está oprimida y carece de autogestión, pero curiosamente tras lo ocurrido afirman que se ha demostrado al mundo que tienen capacidad para responder como un Estado independiente; ¿en qué quedamos? Pues bien, utilizan ese poder que reconoce la Constitución como mecanismo de coacción de la sociedad civil. Los que se oponen al procés no son catalanes. Los que no vayan a participar en su votación son «súbditos». Me pregunto qué clase de Estado democrático crearían estos fanáticos.

Oponerse en Cataluña a los golpistas requiere coraje. Sobornan medios de comunicación, distribuyen subvenciones y castigan a los disidentes. Han organizado a una parte importante y activa de la sociedad que apoya el golpe como instrumento de coacción de una mayoría arrinconada. El Govern está en manos de una organización antisistema que les tiene secuestrados.

Nos enfrentamos por auténticos caminantes blancos que quieren acabar con el orden democrático

No hay margen para la respuesta. Legalidad, proporcionalidad y firmeza. No hay otra opción posible. Lo que las fuerzas secesionistas han implementado es una situación excepcional que exige una reacción de unidad de toda la sociedad acorde con cualquier intento de golpe de estado. Carles Puigdemont ha purgado a los tibios y a los renuentes. Se ha rodeado de políticos fieles, sumisos, dispuestos a inmolarse en una aventura golpista.

Nos enfrentamos al ataque de auténticos caminantes blancos. Quieren acabar con el orden democrático que hemos creado cuidadosamente en complicados años de transición democrática. Quieren asaltar los muros con que está protegido nuestro estado de derecho. Deberíamos estar todos los demócratas unidos para garantizar la integridad y supervivencia de nuestra democracia.

La esencia de un golpe de estado es la subversión de la legalidad mediante el empleo de algún tipo de fuerza; en este caso no se emplean divisiones acorazadas. Se retuerce la legalidad hasta adaptarla a la ocupación del poder. La Constitución y el Estatuto de Autonomía, que es la base legal del poder de la Generalitat, resulta superflua cuando se trata de consumar el golpe.

Hay muchos intelectuales orgánicos que se resisten a cerrar filas con las autoridades del estado.

En primer lugar, sigue existiendo una izquierda exquisita que trata de entender las razones de los golpistas. Buenismo para esquivar el compromiso democrático. Aceptan y utilizan las trampas de los sediciosos. «¿Qué hay de malo en el ejercicio del derecho a decidir?» Dicen que Mariano Rajoy se ha negado a negociar. ¿Qué se puede negociar con quien no está dispuesto a acatar la Constitución?

Periodistas se han puesto de lado a la agresión del jefe de los Mossos a la libertad de información

Por otra parte, ¿es cómodo apoyar a un gobierno encabezado por Mariano Rajoy, envuelto en múltiples casos de corrupción y que a pesar de todo sigue teniendo mayoría para gobernar? La tentación es utilizar el desafío golpista para deteriorar a Rajoy como forma de atajo para salir del Gobierno. Muchos están cayendo en esa tentación.

Algunos ejemplos de la comprensión de algunos periodistas e intelectuales con la Generalitat en los últimos tiempos.

Última hora.

Después de que el consejero de Interior y el jefe de los Mossos arremetieran contra el director de El Periódico de Cataluña por haber tenido la primicia sobre una comunicación de los servicios de seguridad norteamericanos, avisando del riesgo de un atentado en Barcelona, explícitamente en Las Ramblas, algunos periodistas y algunos medios se han puesto de perfil ante la agresión intolerable a la libertad de información. De nuevo, me pregunto: ¿qué clase de garantías para preservar la libertad de prensa pondrían en marcha estos ideólogos en su nuevo Estado catalán?

Es una joya sin desperdicio el artículo publicado hace dos días por Jordi Juan, director de contenidos del diario La Vanguardia. Afirma que en la información es imprescindible la equidistancia. Pretende que su periódico puede dar ejemplo de independencia y remata su artículo con la siguiente frase: «Crear campañas artificiales, manipular burdamente supuestos documentos oficiales, inventarse directamente noticias o dejarse intoxicar por una fuente política indigna de ningún crédito, no es periodismo». Una forma magistral de solidarizarse con el otro gran periódico de Cataluña cuando acaba de recibir un agravio brutal nada menos que del jefe de la policía catalana, por publicar una información que se ha confirmado veraz y sobre la que las autoridades catalanas han mentido tres veces.

¿Nadie se cuestiona que tal vez hubiera que haber aumentado la vigilancia en Las Ramblas y haber advertido a las autoridades barcelonesas?

Con la manifestación de Barcelona se ha visto el posicionamiento de algunos medios y periodistas. Medios como Eldiario o Infolibre han recalcado una y otra vez que alarmas antiterroristas como la recibida en tres ocasiones por los Mossos se reciben a centenares.

¿Nadie se cuestiona que tal vez hubiera que haber aumentado la vigilancia en Las Ramblas y haber advertido a las autoridades municipales barcelonesas? Quitar importancia a los avisos recibidos, minimizar los errores cometidos por la Generalitat es una forma de rebajar la importancia de las mentiras de Puigdemont y sus funcionarios. La tesis de los independentistas es que los abucheos al Rey, las pancartas injuriosas y las esteladas eran actos legítimos de libertad de expresión en la manifestación de Barcelona.

El politólogo Antón Losada, en Las Mañanas de Cuatro, se indignó con los que opinaban que había sido una utilización política de la manifestación en menoscabo de las víctimas. «Todo es política; la manifestación –sentenció-  fue política y por eso fueron el Rey y el presidente del Gobierno. ¿Por qué no se puede repudiar la presencia de las autoridades en ejercicio de la libertad política y de expresión?».

Está bien, es libre de opinar de esta manera, claro, y apuntalar las tesis de quienes quisieron convertir un acto de apoyo a las víctimas, que eran de todos los colores y condiciones, en un impulso a la causa del referéndum, lanzando un mensaje, cuanto menos confuso, hacia los terroristas.

No nos encontramos ante una disputa política entre dos posiciones legítimas. Dar, de alguna forma, aire a los golpistas se convierte necesariamente en un apoyo directo o indirecto a su causa. Todos somos libres de elegir. Pero las posiciones que se están tomando no serán olvidadas fácilmente. Porque cuando hay un intento de golpe de, no combatirlo es alimentarlo.