La Generalitat ofrece una guerra fría al Gobierno para huir del 155

La Generalitat tenía una ocasión magnífica para disparar la tensión con el Gobierno, pero, llegada la hora de la verdad, de buscar el momentum del que Quim Torra habla desde hace varias meses, el gobierno catalán optó por ofrecer una guerra fría con el propósito de evitar una aplicación del 155 que gana defensores conforme pasan las semanas.

Tras la reunión semanal del gobierno catalán, la portavoz, Elsa Artadi, optó por hacerse la sorprendida ante las advertencias del Gobierno de tomar el control de la seguridad en Cataluña. Dijo la portavoz que no entendía los reproches procedentes del Gobierno por la pasividad de los mossos d’esquadra ante los CDR en las autopistas. Y limitó las acusaciones al Gobierno a «falta de lealtad institucional» por pedir explicaciones y lanzar avisos por carta en lugar de convocar a la comisión mixta que acompaña a la junta de seguridad.

Artadi recordó este martes la existencia de ese mecanismo de coordinación, y mostró su «sorpresa» porque la vicepresidenta Carmen Calvo y los ministros de Fomento e Interior, José Luis Ábalos y Fernando Grande-Marlaska, hayan optado, en lugar de convocarlo, por enviar sendas misivas al vicepresident Pere Aragonès y los consellers Miquel Buch (Interior) y Damià Calvet (Fomento) por los hechos del fin de semana.

En una de las misivas, Grande-Marlaska, amenazó con activar en Cataluña a la Policía Nacional y la Guardia Civil si los Mossos vuelven a inhibirse en otro episodio como el del domingo, como entiende Moncloa que hicieron. Pero Artadi negó la mayor.

Artadi esgrime precedentes

La consellera recordó, a ese respecto, que en Semana Santa, los CDR ya llevaron a cabo «al menos 11 acciones» de protesta en la red viaria, como marchas lentas o cortes de tráfico, y que entonces los mossos actuaron igual que ahora, dejando hacer para garantizar tanto el derecho de protesta como el mantenimiento del orden público, que son «la prioridad» y los preceptos que se valoraron el fin de semana, argumentó Artadi.

Claro que, en virtud de la aplicación de la intervención de la Generalitat, en Semana Santa el máximo responsable de la policía catalana era el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. «Y nadie pidió que le aplicaran un 155», remachó Artadi, que añadió que cuando el sector del taxi se movilizó en Barcelona y Madrid tampoco pidió el Gobierno que la policía interviniera para garantizar la movilidad.

La consellera envió aún un último mensaje a Grande-Marlaska: si el Gobierno cree que en Cataluña «faltan efectivos» policiales, «que cumpla con sus obligaciones de financiación» para que la Generalitat pueda incorporar a más agentes, reclamó.

Nadie convoca la comisión mixta

La Generalitat también podría convocar la comisión mixta de la junta de seguridad, que se reunió por última vez a principios de octubre, pero por el momento no se lo plantea, pese a que, además de la polémica sobre la actuación de los mossos el fin de semana, hay otra cuestión perentoria sobre la mesa: la celebración del consejo de ministros en Barcelona el próximo día 21, amenazada por los CDR.

En este punto, la portavoz de la Generalitat se comprometió a garantizar la seguridad necesaria porque el consejo de ministros «puede reunirse donde quiera» y porque la obligación del gobierno catalán es «garantizar el derecho de reunión». Emplazó, eso sí, al Gobierno a comunicarse con la Generalitat para conocer de primera mano dónde piesna celebrar la reunión del consejo de ministros porque sólo tiene noticias «a través de los medios».

La consellera portavoz no descartó que acabe siendo el gobierno de Quim Torra quien pida que se reúna la comisión mixta o la junta de seguridad, pero alegó que no es la Generalitat quien tiene dudas sobre la actuación de los mossos. Por el momento, lo que sí hará la Generalitat es responder también por escrito las cartas de Calvo, Ábalos y Grande-Marlaska. 

En suma, la Generalitat ofreció una guerra fría al Gobierno para no evitar que los defensores del 155 tengan más argumentos.