La Generalitat de Catalunya y Escal UGS, a la greña por el proyecto Castor

El proyecto Castor está en el punto de mira estos días tras los terremotos registrados en la zona próxima a esta instalación de almacenamiento de gas subterráneo. Los detractores y defensores de esta construcción andan a la greña.

La Generalitat de Catalunya sospecha que se han producido negligencias, mientras la propietaria de la planta, Escal UGS, subraya que ya se han frenado las inyecciones y que las instalaciones han pasado todos los controles pertinentes antes de comenzar a operar este septiembre.

Avivar el fuego

El delegado del Govern en las Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha desatado esta guerra. “Castor no ha hecho caso al Ministerio y ha extraído gas, o el almacén no cumple con las características exigidas” ha asegurado estos días después de que que algunos municipios de Castellón y Tarragona hayan sufrido temblores.

Desde que se detectaron los primeros movimientos sísmicos, Industria solicitó que se frenara la actividad hasta que unos expertos analizaran la planta y concluyeran en un informe si los terremotos son consecuencia directa o no del proyecto Castor, cuya inversión ha rozado los 1.300 millones de euros.

Confianza en el proyecto

Sin embargo, las palabras de Pallarès han molestado, y mucho, a Escal UGS. “La información de la Generalitat de Catalunya es inmoral, indecente y casi denunciable. Nos acusa de no cumplir la ley sin informes ni datos”, aseguran fuentes próximas a la compañía participada en un 30% por el grupo canadiense CLP y en un 70% por la firma española ACS, que preside el conocido empresario Florentino Pérez.

A las acusaciones de Pallarès hay que añadir también la postura del Síndic de Greuges. El organismo subraya que la orden de paralización emitida por el Ministerio de Industria no ha sido ejecutada “de manera adecuada”.

Unas duras acusaciones a las que Escal responde en la misma línea. La empresa defiende al 100% el proyecto Castor y pone de relieve que ha cumplido todos los controles necesarios. “Estamos muy tranquilos y tenemos las puertas abiertas para que el Síndic o quien quiera venga a ver las instalaciones”, matiza.

A la espera de las conclusiones

En paralelo a este rifirrafe, un grupo de expertos enviados por la delegación que dirige José Manuel Soria están analizando con detalle las plantas terreste y marítima para determinar si hay o no relación directa entre las inyecciones de gas y los terremotos.

Incluso se ha involucrado en el caso la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha estado presente en una reunión que ha tenido lugar este miércoles para estudiar la situación y determinar las actuaciones oportunas.

De momento y a la espera de un informe firme por parte del Ministerio, propietaria de la instalación insiste en que no existe ningún impacto económico del bloqueo de la actividad determinado por Industria y que los trabajadores continúan con los trabajos de mantenimiento en la planta. “Estamos en modo stand by hasta que se determine algo. No se puede calcular ningún impacto todavía porque la próxima inyección prevista está fijada para finales de octubre y habrá que determinar si se llevará o no a cabo”, subraya.