La Fiscalía pide el fin de todos los permisos de los presos del procés

Otro golpe a los presos independentistas. Dos de los fiscales del Tribunal Supremo que formaron parte de la acusación en el juicio al procés han pedido al alto tribunal que se suspendan los permisos de los líderes independentistas por la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, gracias al que, desde febrero pasado, pueden salir a trabajar o a hacer voluntariado. El escrito se ha hecho público un día después de que un juzgado catalán anulase el tercer grado penitenciario concedido a cinco de los condenados por el 1-O (entre ellos, Oriol Junqueras), a petición de la Fiscalía de Barcelona.

Así las cosas, la petición de los fiscales es al margen de las decisiones que ya se han tomado respecto del tercer grado y amenaza con poner en retroceso el proceso de semilibertad a los presos que la Generalitat inició a principios de año, primero concediendo a los nueve condenados separatistas el artículo 100.2 y, más recientemente, la ya tumbada semilibertad de varios de ellos (y se espera que lo mismo suceda con todos los demás en los próximos días). Suspender estos permisos implicaría que Junqueras y sus compañeros sentenciados por sedición y desobediencia ya no podrían salir tan fácilmente de la cárcel.

Javier Zaragoza y Jaime Moreno, los fiscales que firman el escrito, reclaman al Supremo que, mientras se resuelven los recursos del ministerio público contra el artículo 100.2, se paralicen todas las salidas de los presos. La Fiscalía ha impugnado estos permisos ante los juzgados de vigilancia penitenciaria y, puesto que el alto tribunal estableció la semana anterior que estas medidas deben congelarse una vez que son recurridas, pide que se haga lo propio con la vía libre para que los dirigentes soberanistas salgan de sus centros penitenciarios a trabajar, como Junqueras, que es profesor en la Universidad de Vic.

El antecedente de Forcadell

El Tribunal Supremo suspendió la semana pasada los permisos del artículo 100.2 a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, razón por la que la Fiscalía cree que puede hacerse lo mismo con el resto de presos. Cinco de ellos (Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva y Joaquim Forn) ya perdieron este martes el tercer grado. Por tanto, no han podido salir de prisión este miércoles, tampoco para trabajar o hacer voluntariado, como hacían hasta que obtuvieron la semilibertad, precisamente utilizando el artículo 100.2.

Según fuentes penitenciarias, debido a la suspensión del tercer grado, la cárcel de Lledoners tendría que plantear ahora la recuperación del artículo 100.2, labor que será difícil si el Supremo da la razón a los fiscales. La Fiscalía lo que busca es que se cierre definitivamente la puerta a este tipo de salidas laborales. Hasta ahora, los recursos contra dichos permisos recaían en las audiencias provinciales, pero desde el caso de Forcadell de hace unos días el alto tribunal ha asumido la competencia para revisarlos y ha indicado que los recursos de los fiscales tienen efectos suspensivos.

También la Fiscalía de Barcelona ha solicitado ante los respectivos juzgados de vigilancia penitenciaria competentes esta medida para «evitar que la decisión pudiera demorarse» entre que los recursos llegan desde la Audiencia hasta el Supremo, según explican los fiscales en su escrito de este miércoles, recogido por Efe.

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