La fiscalía para los pies a los soberanistas con Marchena
El ministerio público alega que no hay ningún indicio que permita poner en duda la imparcialidad de Marchena en el caso del 1-O, como esgrimen las defensas
La Fiscalía General del Estado considera que no hay «sombra de culpa» en el juez Manuel Marchena en relación al fallido acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y cree que no hay datos sólidos que proyecten ninguna sospecha sobre su independencia, por lo que se ha opuesto a apartarle del tribunal que juzgará el «procés», como han pedido las defensas de varios de los procesados.
El ministerio público solicita que las recusaciones se indamitan de plano o, en caso de tramitarse, se desestimen, en un informe firmado por dos de los fiscales del caso, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, según informa Efe.
Recusación pedida por Junqueras
«Nada puede ser reprochado al comportamiento del juez cuya recusación se promueve», asegura la Fiscalía, que manifiesta que no hay «sombra de culpa» en Marchena en relación al acuerdo PP-PSOE en virtud del cual fue seleccionado para presidir el CGPJ, un cargo que él mismo rechazó tras el escándalo del whatsapp en el que el portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, se jactaba de que, con su nombramiento, el PP controlaría la sala penal del Supremo, la que ahora preside Marchena, «desde detrás».
Tras la filtración del mensaje y la posterior renuncia de Marchena, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, plantearon las recusaciones de Marchena, encargado de presidir el tribunal, por supuestos vínculos con el PP.
La fiscalía admite en su escrito que «las apariencias son importantes», pero cree que en este caso «no existe el menor elemento corroboratorio de que las infundadas sospechas (sobre Marchena) estén legítimamente justificadas».
Según el informe, el mensaje de Cosidó hacía referencia a «expectativas expresadas por terceros con el objetivo de ‘convencer’ a senadores reticentes». Pero dicho mensaje no ha podido vincularse «a palabras u obras» de Marchena de modo que no «desvirtúa» su independencia ni puede considerarse «acreditativo del interés» del juez en «un resultado concreto del proceso».
La fiscalía dice que «no existe dato alguno» para atribuir al PP «ni petición de penas ni ningún interés en la causa»
Además, alega el ministerio público, «ni siquiera existe constancia y prueba sobre la veracidad o autenticidad del objeto del comentario», ya que «se trataba de explicar en el ámbito de un partido político el contexto que había justificado la elección anticipada de los miembros del CGPJ». Más allá de esa opinión, dice la fiscalía, «no existe dato alguno» para atribuir al PP «ni petición de penas ni ningún interés en la causa».
Es más, para los fiscales, es precisamente la «digna y generosa renuncia al más alto cargo judicial que se le proponía» lo que evidencia «un absoluto distanciamiento con la vinculación que se le pretende atribuir, y una personal implicación en la defensa de la independencia judicial». «No cabe un gesto de mayor desvinculación con las afinidades políticas que se ‘sospechan'», rematan los autores del informe.
La Fiscalía recuerda que no se le pueden atribuir a este «de forma especulativa» ideas políticas que «él mismo nunca ha expresado» y remarca que, en el caso de que tuviese otra vinculación con el PP, su imparcialidad solo se vería comprometida al juzgar causas en las que el partido estuviese involucrado.
Una vez el instructor de los expedientes de recusación recopile los escritos de la fiscalía y del resto de partes, este puede rechazarlo de plano o enviarlo a la denominada Sala del 61, que ya rechazó una anterior recusación de Marchena.
