La Fiscalía deja en un callejón sin salida la relación de PSOE y ERC

La mesa de diálogo soberanista para resolver el llamado «conflicto catalán» se ha quedado sin patas y sin sillas. No es que sus carpinteros, PSOE y ERC, se nieguen a reparar el desvencijado mueble, pero nadie tiene ganas de hacerlo ahora. «Es realmente complicado que la mesa se reúna después de lo que acaba de pasar con los presos», dicen fuentes soberanistas en alusión a la decisión de este martes de un juzgado de vigilancia penitenciaria de suspender, a instancias de la Fiscalía, el tercer grado (la semilibertad) de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El resto de políticos presos correrá la misma suerte con toda seguridad, una vez los fiscales a su cargo regresen de vacaciones.

Todos los políticos citados regresaron ayer, martes, a la prisión de Lledoners y a partir de ahora estarán sometidos a un segundo grado más estricto. El Supremo determinó que la vía del 100.2 del reglamento penitenciario —que posibilita continuos permisos para actividades laborales fura de la cárcel— no podía aplicarse a una de las presas del 1-O, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y la decisión afectará al resto de reclusos del procés, que ya no podrán acogerse a esta vía sin previa autorización de la justicia.

Los políticos soberanistas, en suma, vuelven a ser presos en lugar de semipresos. Y el contexto político que envuelve la mesa de diálogo soberanista se ha envenenado. Ni los grandes defensores del sit and talk con el Gobierno esconden ahora su contrariedad. «Si quieren continuar negociando y haciendo política deben acabar con la represión y eso solo pasa por la amnistía», dijo Junqueras a pocos metros de Lledoners, acompañado por un pequeño grupo de simpatizantes de su causa.

El factor Puigdemont

ERC, cuya apuesta estratégica durante los últimos tiempos se ha basado en la mesa de diálogo con el Gobierno, se queda ahora sin carta de navegación. La retórica sobre la necesidad de una solución pactada puede seguir, pero no hay forma de plasmarla. Y, por el contrario, todo el argumentario del independentismo que rodea a Carles Puigdemont y Quim Torra puede desplegarse a sus anchas. «Todo su discurso sobre la tomadura de pelo que es el diálogo con el Gobierno y sobre que la victoria del procés es la resistencia. Todo esto gana fuerza después de lo que ha pasado con los presos», asumen del bando republicano.

El Gobierno, por su parte, que también era un gran defensor de la vía del diálogo con la Generalitat, ha hallado la forma de incumplir sus compromisos respecto a la mesa. De una parte, el gabinete de Pedro Sánchez insiste en que no hay problema con volver a sentarse a la mesa, aunque, en realidad, se mantiene de brazos cruzados con el pretexto de que es Torra quien no mueve pieza para convocar la cita.

Insiste el Gobierno en tender la mano de cara a la galería, pero su único interés es mantener en su radio de aliados a ERC porque todavía no sabe con quién puede aprobar los presupuestos generales del estado. Pero Esquerra se niega a dar pasos relacionados con las cuentas públicas sin que el Gobierno repare la mesa. Y todo ello ocurre en clima tan pandémico como preelectoral (en Cataluña) que no beneficia precisamente las discusiones sobre «el conflicto catalán».

Sánchez y la mesa «larga, difícil y compleja»

Auguró el presidente del Gobierno, antes de la irrupción de la pandemia, que la mesa de diálogo soberanista sería «larga, difícil y compleja». Pero parece confirmarse todo lo contrario: una mesa corta y muy sencilla, de la que nunca se conocen fechas ni contenidos. Una mesa que debía estructurar la relación de PSOE y ERC y que hoy ha quedado en el limbo.

No quieren los socialistas romper con los republicanos, pero cada vez es más evidente que todo aquello de desjudicializar «el conflicto político» era una entelequia. No podía el Gobierno hacer desaparecer a fiscales y jueces, ni la Generalitat excarcelar por la puerta de atrás a los presos del procés ante la entera pasividad del tribunal sentenciador.

Pese a que esta realidad se ha impuesto, el Gobierno subraya que su disponibilidad para celebrar esa mesa de diálogo permanece «intacta» y que solo depende de la Generalitat el fijar una fecha, a pesar de que ambas partes se habían emplazado a verse en julio. «No es exigible al Gobierno de España lo que el Gobierno de España no puede administrar», argumentó la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, cuyo verdadero interés es que ERC se abra a la negociación de los presupuestos.

Pero nadie en Esquerra se atreve ahora con las cuentas del Estado por muchos millones que vengan de Europa. El sentido de su acción política con el Gobierno ha perdido rumbo.