Con sus reivindicaciones, los pensionistas se han convertido en la presa electoral favorita de los partidos españoles. Tanto de los conservadores como de la nueva política. No es casualidad que, con un sistema insostenible, Ciudadanos exigiera la subida de las pensiones mínimas para apoyar los presupuestos. Tampoco es causal que mientras Bilbao es uno de los epicentros de la lucha de los pensionistas, el PNV haya exigido más subidas para dar apoyo a las cuentas de 2018. Pero nada es gratis.
Este miércoles, en medio del escándalo de Cristina Cifuentes, el Gobierno pactó con el PNV su apoyo a los presupuestos generales del Estado (PGE), definitivo para que puedan aprobarse en el Congreso. La moneda de cambio fue, finalmente, una subida de todas las pensiones del 1,6% y del IPC en 2019, además de aumentar la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% este año y al 60% en 2019 y de retrasar el Factor de Sostenibilidad a 2023.
Estos cambios no sólo no son gratuitos sino que impactan directamente en una de las líneas claramente más débiles de la caja de Mariano Rajoy. Principalmente porque el sistema de financiación de la Seguridad Social no es sostenible, pero también porque le debilita políticamente: queda como el presidente que no quería mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, mientras que sus nuevos socios se calzan el traje de héroes de la tercera edad.
Las pensiones, de ruina en ruina
Con un cálculo aproximado –el Gobierno todavía no lo ha cifrado–, la subida costará unos 2.250 millones de euros. Es lo que supone un 1,6% más sobre los más de 139.000 millones que se gastaron en pensiones en 2017. Pero el ejecutivo de Rajoy ya había presupuestado 144.000 millones, 5.000 millones más por la subida del número de pensionistas y el incremento pactado con Albert Rivera. Teniendo en cuenta la subida orgánica y el cambio del cálculo en la viudedad, es posible que el incremento de la factura del PNV supere los 2.250 millones.
¿Es una gran cantidad para lo que es el presupuesto del Estado? Puede parecer que no, incluso para todo lo que gasta la Seguridad Social… pero este es precisamente el problema. El sistema de pensiones no es sostenible, como se ha demostrado en los años de crisis, por lo que la respuesta es sí, puesto que va contra un transatlántico que hace aguas.
La Seguridad Social cerró 2017 con un déficit de más de 18.000 millones. Es decir, que gastó 18.000 millones más de lo que ingresó. Ni el crecimiento de afiliados ni el de los salarios compensarán el incremento del gasto fruto de los pactos políticos.
La hucha de las pensiones ha pasado de 67.000 a 8.000 millones en siete años
Como consecuencia del déficit, España ha ido gastando en los últimos años la antaño tan alagada hucha de las pensiones. El fondo de reserva de la Seguridad Social tocó máximos en 2011, con cerca de 67.000 millones de euros, fruto de décadas de superávit como consecuencia del crecimiento económico.
Parecía un sistema infalible con un cojín inacabable, pero la crisis demostró que, como el mercado laboral español, era demasiado voluble a los cambios económicos. Cuando cayó en déficit, empezó a consumirse el fondo de reserva y, en seis años, se redujo en casi 60.000 millones. Y porque Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social del Partido Popular, tiró de créditos para no vaciar la hucha. De no haber sido así, ya solo quedarían telarañas en su caja fuerte.
El fondo de reserva terminó 2017 con sólo 8.100 millones de euros. En los presupuestos de este año pactados con Cs, se preveía usar más de 3.800 millones de la hucha para equilibrar el sistema, que habría que equilibrar con nuevos créditos. Así, el fondo quedaría con 4.300 millones. Tras el pacto con el PNV, no hay más opciones: o se vacía más la hucha o se tira de deuda. Todo tiene un precio.
