La ética, gran ausente en las elecciones de la abogacía madrileña

Mensajeros anónimos transportando el voto por correo, denuncias penales por perfiles falsos en Twitter para difamar, fiestas multitudinarias en discotecas y empresas privadas financiando a candidatos son algunas de las polémicas que empañan la campaña a las elecciones del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Como ya sucedió hace cuatro años, las denuncias de irregularidades y de comportamientos nada éticos entre las siete candidaturas dejan en un segundo plano las propuestas electorales, subordinadas a un nuevo huracán de escándalos que amenaza con desacreditar no solo a los candidatos sino a la profesión de la abogacía, cuya deontología se ve seriamente dañada.

Aunque no hay duda de quiénes son los perjudicados: la abogacía madrileña y un colegio con más de cuatro siglos de historia, cuyo futuro está en manos de los casi 50.000 abogados con derecho a voto en las elecciones del próximo 13 de diciembre.

Una de esas supuestas irregularidades tiene que ver con la participación de una empresa de mensajería (desconocida) que recoge, custodia y transporta el voto por correo, tal y como ha denunciado ante la comisión electoral Javier Íscar, que forma parte de la Junta de Gobierno saliente, respecto de la campaña de Jose María Alonso.

Los perfiles falsos de abogados, con fotos de sus esposas o de letrados de otros países, han colmado de polémica la previa de las elecciones

Otro de los escándalos, y este ya probado por varios letrados, se ha producido en las redes sociales con la creación de perfiles falsos de abogados para respaldar o desacreditar a determinadas candidaturas. Utilizan fotos reales de terceras personas y nombres inventados para hacerse pasar por colegiados.

Todo ello desató una oleada de críticas en Twitter, dirigidas en muchos casos a la candidatura de Alonso: «No doy crédito», «gravísimo, inaceptable», «así no se construye una nueva abogacía» o «se os están quedando unas elecciones de lo más transparente».

Hay situaciones del todo estrambóticas. Un letrado denunció que se había creado un perfil con la foto de su mujer; otro alertó de que se estaba usando «la foto de una abogada que ejerce en Rumanía». Una letrada advirtió en un perfil que, «cuando se les pilla (a estos perfiles falsos), los borran». Comprobado. Ninguno de esos supuestos colegiados está ya en la red social.

Lo que sí que está vigente es una denuncia ante los juzgados de plaza de Castilla presentada por el equipo de Íscar para investigar estos hechos. Hace días, todos condenaron este asunto.

Pero hay más. Otro candidato denunció la falta de transparencia del resto de candidaturas para someterse a una verificación de la procedencia de su financiación. Su dardo iba dirigido a entidades privadas -en concreto, el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE)- que pueden estar dotando de fondos a algunos candidatos.

A Javier Íscar se le acusa de usar los datos del colegio para enviar información de su candidatura a otros colegiados

Fue en vivo y en directo cuando en el debate electoral celebrado el pasado miércoles en el Colegio, Nicolás García Cuéllar aseguró que no se explica «cómo se pude organizar una fiesta de copas en Pachá para 1.400 personas para presentarse a presidir una corporación de Derecho público». Se da la circunstancia de que el aludido era nuevamente Alonso, quien tuvo una respuesta que no dejó indiferente a nadie: «La fiesta en Pachá me la dieron gratis«. Gritos y aplausos en la sala.

El oscurantismo no acaba aquí. En este caso, contra Íscar, a quien se le acusa de usar los datos del colegio para enviar información electoral de su candidatura a miles de abogados. «¿De donde has sacado la dirección de correo electrónico de todos los abogados?», le preguntó Cuéllar. Íscar escuchó y no respondió.

Menos mediáticas, pero no menos graves, son las acusaciones contra la decana Sonia Gumpert por no mantener su neutralidad o aquellas que denuncian distintos actos del Colegio para promocionar una candidatura.

Con este mar de fondo, los candidatos confían en seducir a ese casi 90% de abogados que no votan en los comicios. Algunos proponen autobuses, otros habilitar las salas de togas para no dejar el monopolio electoral en un solo recinto, un hotel madrileño. La cita será en apenas dos semanas.