La Comisión Europea (CE) desaprueba los planes de Pedro Sánchez con las pensiones. Bruselas ha advertido este miércoles al Gobierno de que vincular las pensiones a la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) supone un grave error, como ya ha avisado también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); indicaciones que el presidente del Ejecutivo ha ignorado sistemáticamente.
El pacto de coalición de PSOE y Unidas Podemos recoge el objetivo de aprobar una ley que obligue a actualizar las pensiones en función del IPC «de forma permanente», eliminando el factor de sostenibilidad (la relación entre la cuantía de la prestación y la esperanza de vida) y el índice de revalorización (por el que las pensiones solo suben el 0,25% si en el sistema hay déficit). La subida de este año fue, de hecho, así.
Para la CE esta estrategia supone un grave error. No solo se compromete la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo, sino que también perjudicarán a los más jóvenes si se impulsan sin contemplar medidas compensatorias. Bruselas ha explicado que la vinculación perenne de las pensiones al IPC solo favorece a los pensionistas actuales y amenaza el futuro de las prestaciones de las nuevas generaciones.
La CE plantea en el documento remitido al Ejecutivo de Sánchez un escenario en el que se aplica «totalmente» la reforma de 2013, ejecutada durante la Administración de Mariano Rajoy. En ese caso, los pensionistas españoles seguirían teniendo una tasa de sustitución superior a la media de la Unión Europea. No obstante, el organismo precisa que esto ocurrirá a largo plazo.
En este sentido, Europa calcula el riesgo de la vinculación de las prestaciones al IPC. «Podría conducir a un incremento en el gasto para 2050 de aproximadamente el 4% del PIB», señala la CE. En cuanto al factor de sostenibilidad, imprescindible para respetar las arcas públicas, se destinaría «al menos» un 0,7% del PIB a largo plazo para las pensiones.
La CE pide evaluar los efectos en el empleo
La CE insta al Gobierno a evaluar «cuidadosamente» los efectos que pueda tener la revalorización de las pensiones en el mercado laboral. Sobre todo, después de que la reforma de 2013 «haya sustentado la fuerte creación de empleo». De esta forma, el organismo comunitario pide «que se preserven los logros de las reformas pasadas».
En cuanto al aumento del salario mínimo, otra de las primeras medidas del Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos, la Comisión considera que ha aumentado los costes laborales. El incremento de 2019 fue del 22,3%, mientras que los planes pactados por ambas formaciones pasan por elevarlo al 60% del salario medio a final de la Legislatura, esto es, 2023. Sobre esta medida, la Comisión señala que aún no ha cuantificado sus efectos sobre el empleo y las tasas de pobreza.
Bruselas también vuelve a reseñar que España es el país comunitario con el mayor porcentaje de contratos temporales, un 26% del total. Además, sostiene que el riesgo de pobreza y exclusión social «sigue siendo alto, en particular entre los niños».