La candidata de Puigdemont, investigada por contratos a dedo
La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, habría realizado ilegalmente tres contratos a dedo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes
Nuevo escándalo judicial en plena campaña electoral, esta vez con la candidata de Puigdemont como protagonista. La Fiscalía de Barcelona ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que investigue a la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs. El motivo son unos contratos que habría realizado a dedo a un colaborador cuando dirigía la Insititució de les Lletres Catalanes (ILC) –entre 2013 y 2018- según han contado fuentes judiciales a El Periódico.
El caso salió a la luz hace varios meses tras la filtrarse a los medios la investigación por parte de los Mossos d’Esquadra a un informático que había trabajado para el Institut por otros delitos relacionados con la saud pública. Entonces, los Mossos encontraron indicios de irregularidad en tres contratos por un valor total de 45.550 euros que habían sido concedidos por Borràs.
Los investigadores sospechan que se habría troceado el importa del coste real en diversos contratos que, por separado, no alcanzarían la suma de 18.000 euros. Este era el límite que la ley establecía entonces para que una administración contratara sin necesidad de abrir un concurso público. Actualmente este límite es de 15.000 euros.
Los cauces de la investigación
La Fiscalía, una vez analizada la documentación, al creer que podría existir algún tipo de delito y dado que la candidata de Junts per Catalunya es aforada, le ha pedido al Tribunal Supremo que lleve la causa. Es ahora este órgano competente el que decididirá si se investiga o no a Borràs, según si hay indicios suficientes para encausar a la candidata.
En julio pasado, el juzgado ya pidió al Congreso la certificación acreditativa de que ocupaba el cargo como diputada del Parlamento. Los servicios de la Cámara contestaron que ese trámite debía hacerse a través de el presidente del Supremo.
Esto originó que el abogado de la dirigente, Gonzalo Boye, presentara un escrito en el juzgado en el que denunciaba que su clienta estaba siendo víctima de una investigación judicial «prospectiva».
Fue entonces cuando Borràs, que en esos momentos era consejera de Cultura, acudió al Parlament para explicar que nunca cometió irregularidades al frente de la ILC ni concedió contratos a dedo. También insistió en que la investigación pretendía difamarla por su ideología política.
Reacciones por parte de la oposición
«Cuando no declaran ante el juez por sedición o desobediencia, lo hacen por corruptos», ha escrito la dirigente de ciudadanos, Lorena Roldán, en su cuenta de Twitter tras conocerse la posible investigación. La líder de Ciudadanos en Catalunya ha pedido que se investigue a Borràs «si hay indicios de delito».
En unas semanas y tras la celebración de las elecciones, el Supremo decidirà si acepta la exposición razonada del juzgado de Barcelona y admite la petición de investigación de la candidata de Junts per Catalunya.
