La campaña del 26-M cortocircuita el gobierno de Torra
El pulso por el Ayuntamiento de Barcelona en las municipales tensa las relaciones entre Junts per Catalunya y ERC en la Generalitat
La campaña del 26-M se está revelando una intensa prueba de estrés —y van— para las convulsas relaciones entre Junts per Catalunya (JpC) y ERC. O, lo que es lo mismo, para el gobierno de Quim Torra, en el que ambas formaciones ejercen de socios mal avenidos.
El último enfrentamiento preelectoral entre ellas ha estallado en el seno del propio ejecutivo catalán, a vueltas con un decreto ley para regular los precios del alquiler que la consellera de Justicia, Ester Capella, de Esquerra, ha anunciado que se aprobará el próximo martes en la reunión semanal del govern, mientras que la conselleria de Territorio y Sostenibilidad que encabeza Damià Calvet, en manos de JpC, niega que haya un acuerdo cerrado entre ambos departamentos sobre el contenido de la norma.
Según pretenden los de Oriol Junqueras, el decreto abriría la puerta para que en zonas de alta demanda, los ayuntamientos pudieran acotar los precios máximos de los arrendamientos, una vieja demanda de la alcaldesa Ada Colau, y que ahora también abona como promesa de campaña el candidato de ERC en las municipales de Barcelona, Ernest Maragall, al que las encuestas señalan como el único capaz de arrebatar la alcaldía a Colau y a quien JpC acusa de estar engrasando un pacto con los comunes tras las elecciones. De hecho, tanto desde el área de Territorio como desde JpC se acusa a Esquerra de anunciar la norma antes de hora por puro cálculo electoral.
En el episodio de La Plaza de esta semana, a partir del minuto 20, nuestros analistas comentan la campaña electoral
Maragall y la número dos de los posconvergentes en la lista para el Ayuntamiento Barcelona, Elsa Artadi —ambos exconsellers que dejaron la Generalitat para concurrir a las municipales— se las tuvieron tiesas este viernes a raíz de este asunto. Entrevistada en TV3, Artadi insistió en que el decreto “aún se está trabajando” y que “no regulará el alquiler”, y acusó abiertamente a Capella de precipitarse con el anuncio “porque dentro de una semana hay elecciones”.
¿Por tanto, está haciendo el departamento de Justicia, que lleva Esquerra, un acto electoral?, le preguntó la entrevistadora, la periodista Lídia Heredia. “Absolutamente”, zanjó la candidata. “Me sorprende que Elsa Artadi diga que limitar los precios del alquiler es electoralista”, le replicó Maragall a las pocas hoas en un acto en Sarrià. “En muchos otros países lo están llevando a cabo”.
«Em sorprèn que @elsa_artadi digui que limitar els preus del lloguer és electoralista. Més del 40% de les famílies destinen més del 40% dels seus ingressos a l’habitatge. A molts altres països ho estan duent a terme», diu l’@ernestmaragall #ReimpulsemBCN #ImpulsaRepublicà pic.twitter.com/OxEkeZ6qnW
— ERC Barcelona (@ERCbcn) 17 de mayo de 2019
Con ERC liderando los sondeos y la particular carrera entre fuerzas indepdentistas en Barcelona, JpC se ha lanzado a un ataque contra los de Junqueras pilotado por Artadi, que el domingo pasado ya buscó el cuerpo a cuerpo con Maragall al reprocharle que se hubiera referido al alcaldable de JpC, Quim Forn, como a un “ciudadano encarcelado”, y no como a un “preso político”.
La exportavoz del govern lanzó aún otra pulla a ERC apuntando directamente a la estrategia por la que aboga Junqueras de ampliar la base del soberanismo a costa de atraer a votantes de izquierdas no necesariamente independentista: “Vayamos con cuidado, que de tanto ensanchar tanto la base, no estemos normalizando cosas que no son normales” y “ensanchando a quien está escondiendo que hay represión”.
El martes, los socios de gobierno tampoco fueron capaces de consensuar una misma respuesta a la decisión de la junta electoral de no permitir ni a Oriol Junqueras ni a Toni Comín participar en el debate de las europeas que organizaban TV3 y Catalunya Ràdio. Al final, el representante de JpC, Aleix Sarri, optó por abandonar el plató nada más empezar el programa alegando que “lo más importante es no normalizar la represión”, mientras que el de ERC, Jordi Soler, optó en cambio por quedarse: “En ERC no desaprovecharemos ninguna oportunidad ni lugar para dar voz al independentismo”, argumentó.
El otro frente en el que esta última semana se ha tensado la relación entre los socios es el Parlament, donde la decisión de ERC de castigar a Miquel Iceta votando en contra de su nombramiento como senador ha acabado arrastrando a JpC a seguir el mismo camino, aunque fuera a despecho de los dirigentes presos de la formación, que según fuentes de los posconvergentes, se decantaban por avalar el salto de Iceta a la Cámara Alta, como se había hecho siempre hasta ahora cuando un partido proponía a un candidato a senador de designación autonómica.
Budó quita hierro al choque en el seno del govern
El pasado martes, la portavoz del govern, Meritxell Budó, quitó hierro a los desencuentros en el seno del ejecutivo, que circunscribió a la campaña, un “paréntesis”, dijo, en el que cada cual tiene que marcar “sus criterios y prioridades” pero tras el cual los dos socios tienen claro que tienen que “seguir trabajando juntos”.
En esa misma rueda de prensa posterior a la reunión semanal del govern, a Budó le preguntaron por la restitución de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat, un objetivo que Torra, que ese mismo día cumplía un año como president, se había fijado cuando asumió el cargo, y que el día antes el propio Puigdemont había dado por descartado. Y, como había hecho el expresident, y aunque se trate de un episodio muy anterior a la toma de posesión de Torra, la consellera portavoz esgrimió como argumento para la renuncia a esa promesa el fallido pleno de investidura de Puigdemont enero de 2017.
Budó, de JpC, hurgaba así con el expresident en otra vieja rencilla entre los socios, porque quien decidió desconvocar aquel pleno fue Roger Torrent, uno de los hombres fuertes de ERC, además de presidente del Parlament. Y eso es algo que ni Puigdemont ni JpC le han perdonado desde entonces.
La comparecencia de Budó se producía dos días antes de que la consellera de Justicia precipitara el jueves la crisis del decreto de los alquileres. La próxima, el martes que viene, será tras el consejo ejecutivo en el que Esquerra quiere que se apruebe la norma, así que, tanto si tira adelante como si no, a la portavoz le volverá a tocar dar explicaciones sobre cómo evoluciona esa temperatura de la relación entre los socios que —cosas del paréntesis electoral, según la portavoz— está alcanzando niveles de congelación.
