La auditoría de Ada Colau pone al descubierto el cortijo de Antoni Vives
La agrupación de interés económico BSUS causó un agujero de 940.000 euros a las cuentas de Barcelona Regional por una serie de proyectos fallidos en el extranjero
Antoni Vives dirigió Barcelona Regional (BR), la agencia municipal dedicada al estudio del urbanismo y las infraestructuras, así como la agrupación de interés económico Barcelona Stategical and Urban Systems (BSUS), como si fuera su cortijo, sin informar de ruinosos proyectos en el extranjero a sus órganos rectores, ni siquiera al Ayuntamiento o al Área Metropolitana.
Una auditoría de la gestión de Barcelona Regional y de BSUS en el período en que estos organismos fueron presididos por el convergente Antoni Vives, concejal de Urbanismo (2011-2015), ponen al descubierto delirantes proyectos en el extranjero que se saldaron con pérdidas.
Intentaron ganar concursos en Rusia y en Brasil
Por ejemplo, Barcelona Regional encargó a BSUS participar en un concurso internacional para diseñar la expansión metropolitana de Moscú, de la mano del estudio de arquitectura de Ricardo Bofill, con un costo de 270.000 euros; o el desarrollo de la terminal de cruceros de Porto Maravilhas, en Rio de Janeiro, con el estudio del arquitecto Alonso Balaguer, por 170.000 euros. Todos estos gastos fueron en balde.
También se registraron pérdidas con proyectos en Lima (con un presupuesto de 248.600 euros), Viena (108.700 euros) o para preparar diversos concursos internacionales (334.000 euros). Incluso se formalizaron contratos para la proyección de BSUS en Rusia, Brasil y China. En este último país, se participó en la planificación urbanística de las áreas de Dongguan y Xian Tumen.
Proyectos deficitarios o «antieconómicos»
A través de BSUS, se realizaron proyectos deficitarios y en determinados casos «antieconómicos», según destaca la auditoria encargada por el gobierno municipal de Ada Colau, que ayer se presentó en la reunión del consejo de administración de Barcelona Regional.
BSUS es una agrupación de interés económico que, cuando se constituyo en 2009, en tiempos del alcalde socialista Jordi Hereu, estaba integrada por el Puerto de Barcelona, el Consorcio de la Zona Franca, la Fundación Abertis y Barcelona Regional. En sus dos primeros años, generó unas pérdidas de 188.000 euros, atribuidas a un proyecto aeroportuario en Atenas, que las autoridades griegas no han pagado.
Durante el anterior gobierno de CIU, Antoni Vives se aprovechó de BSUS, en cuyo consejo no había ningún representante del Ayuntamiento de Barcelona, para dar rienda suelta a proyectos internacionales ruinosos. De los cerca de dos millones de euros de pérdidas de Barcelona Regional en el periodo de 2012 a 2015, más de 900.000 euros corresponden a BSUS.
Vives endosa las deudas de BSUS a Barcelona Regional
En su doble condición de presidente de BSUS y de Barcelona Regional, Antoni Vives disolvió la primera entidad en 2014 y endosó sus deudas a la segunda. La auditoria destaca que Vives decidió «liberar» al resto de socios de la agrupación de interés económico –Puerto de Barcelona, Consorcio de la Zona Franca y Fundación Abertis- de sus «obligaciones de responsabilidad solidaria y de las pérdidas acumuladas». Cada uno de estos organismos ostentaba un 25% de BSUS.
Una portavoz de la Fundación Abertis precisa que se retiraron de BSUS con anterioridad a su disolución porque si interés radica en el campo de las infraestructuras mientras que el de la agrupación era el urbanismo.
La agencia de urbanismo tenía un agujero
Del 2012 al 2015, Barcelona Regional tuvo unos ingresos de 4,2 millones de euros, de los cuales 2,2 los destinaron a entidades dependientes del Ayuntamiento o del Área Metropolitana y el resto, cerca de 2 millones de euros, a «financiar determinados proyectos que han resultado ser deficitarios y en determinados caso antieconómicos», según los datos de la auditoria.
El agujero que BSUS ha provocado en las cuentas de Barcelona Regional alcanza los 940.100 euros.
Contratos laborales bajo sospecha
La auditoria también pone al descubierto que, entre 2012 y 2015, formaron parte de la plantilla de Barcelona Regional dos personas que dependían directamente de la dirección general, de las cuales no facilita su identidad, que «si bien percibían retribuciones de la sociedad no prestaban efectivamente sus servicios en esta». Los costes salariales de estas dos personas fueron de 214.600 euros.
El equipo de gobierno de Ada Colau ha puesto a disposición de la Fiscalía todos los datos que disponen sobre la gestión de Antoni Vives al frente de Barcelona Regional y BSUS.
Antoni Vives renuncio como concejal en septiembre pasado y constituyó City Transformation Agency SL, un gabinete de asesoramiento urbanístico.
