La apuesta de Colau por el PSC dinamita el último plan de Torra

Volver a intentar aprobar los presupuestos de 2019. Ese es el último clavo ardiendo al que se ha aferrado Quim Torra para justificar la prolongación de una legislatura que está resultando estéril al menos hasta que el Tribunal Supremo (TS) dicte sentencia en la causa del procés, lo que se prevé que suceda el próximo otoño.

Pero si hasta ahora, el planteamiento ya tenía visos de brindis al sol, visto cómo transcurrió la sesión de este jueves en el Parlament, suena ya a mera entelequia. Porque si las relaciones entre el gobierno catalán de Junts per Catalunya (JpC) y ERC y los Catalunya en Comú Podem (CECP) nunca han sido buenas, pese a que los comunes son la única opción no descartada de antemano por el propio ejecutivo catalán para negociar las cuentas, la apuesta de Ada Colau por pactar con el PSC en Barcelona, solo pendiente del aval de las bases de Barcelona en Comú, ha acabado de incendiarlas.

Torra hizo balance la semana pasada del primer año de su gobierno, marcado por la parálisis en la gestión y el incumplimiento de sus promesas también en clave independentista, incluida esa imposible restitución de Carles Puigdemont que su sucesor situó al inicio de su mandato como su gran objetivo, y a la que el propio expresident renunció de forma explícita hace un mes. Obligado en consecuencia a escenificar un cambio de guión, su sucesor remarca ahora que nunca se ha sentido un presidente provisional, que no tiene intención de convocar elecciones anticipadas y que volverá a intentar aprobar los presupuestos, que en febrero fueron a parar a un cajón sin ni siquiera haber sido aprobados en fase de proyecto por el govern, porque, tras el portazo de los comunes —los únicos con los que la conselleria de Economía llegó a negociar—, carecían de apoyos para obtener después luz verde en el Parlament.

Ataques a Colau por el flirt con el PSC

Ese nuevo intento de seducir a los comunes no parece compatible con la batería de ataques que les ha dedicado el propio govern desde que Colau anunció su intención de intentar mantener la alcaldía, en lugar de renunciar a ella en beneficio de Ernest Maragall, alcaldable de ERC, la fuerza que ganó las elecciones. Y el enfrentamiento se evidenció con virulencia este jueves en la cámara catalana, en la que había doble sesión con Torra: primero, sometiéndose este a la habitual sesión de control de la oposición al president. Y después, con su comparecencia para dar cuenta ante los grupos parlamentarios de su obra de gobierno.

Como era de esperar, le llovieron los palos desde todo el espectro: del PP y Cs hasta la CUP, pasando, claro está, por los socialistas y los comunes, cuya entente está a punto de dar al traste con el plan, considerado estratégicamente clave por los partidarios de la independencia, de conseguir colocar al fin un alcalde independentista en Barcelona.

El president se enganchó ya de entrada con la presidenta del grupo de los comunes, Jéssica Albiach, que le preguntó si tenía pensado cesar a la portavoz del govern, Meritxell Budó, por haber atribuido el plan para que Colau repita como alcaldesa de un gobieno de coalición con el PSC y con el apoyo en la investidura de Manuel Valls a «una operación de  Estado» y haber advertido que si Maragall no es alcalde hará falta «una respuesta de país».

Torra no solo dijo suscribir las palabras de Budó, sino que advirtió a los comunes de que aceptar los votos de Valls sería aceptar el aval «del establishment» y de «la casta» y abandonar «el bloque de las defensas de los derechos y libertades». «Los comunes quedan retratados con sus nuevas alianzas con el tripartito del 155», dijo después, el portavoz de JpC, Albert Batet, hurgando en la brecha y ampliando la distancia con los únicos eventuales socios a los que Torra aún aspira a seducir con unos  presupuestos que insiste en que serían «los más sociales» de siempre.

Incluso cuando, ya en el bloque del balance de gobierno, Albiach se alineó con uno de los ejes del discurso independentista al denunciar la «excepcionalidad política» que constituyen la prisión preventiva y el juicio a los líderes independentistas, que el miércoles quedó visto para sentencia, Torra reaccionó con otra andanada. «Hablar de excepcionalidad política y aceptar los votos del señor Valls no es compatible», le espetó, antes de insistir en que los comunes todavía están a tiempo de virar el rumbo antes del sábado.Si no lo hacen, dio a entender, estarán enfrente del govern. Y, en esas circunstancias, la suspensión de incredulidad necesaria para tragarse que aún sería posible una negociación presupuestaria con los comunes resultaría inalcanzable incluso para el mayor de los incondicionales de Torra.

Desinterés de los comunes

En el departamento de Economia y Hacienda que encabeza el vicepresident y hombre fuerte de ERC en el govern, Pere Aragonès, de momento, esperan. Nada se ha movido desde que los presupuestos se metieron en el cajón, admiten fuentes de Economía, que recuerdan que «están listos» y que podrían volver a ponerse sobre la mesa en cuanto así se decidiera políticamente. Otra cosa es si técnicamente aún sería viable, en el mejor de los casos, tirarlos  adelante, teniendo en cuenta que ya estamos en junio, que algún cambio habría que introducir para convencer a los comunes y que pasado el verano, lo que tocaría es empezar a trabajar en las cuentas de 2020.

Albiach no dio en todo caso muestras de tener interés alguno en volver a sentarse a hablar de las cuentas de Torra, sean para este año o para el que viene. Le dijo que los suyos no blanquearán «unos presupuestos que no sean sociales»; que siguen considerando necesaria esa reforma fiscal de la que el goven nunca quiso saber nada, y que, tanto si su objetivo era hacer república como si era mejorar la vida de la ciudadanía, reducir desigualdades o cohesionar el independentismo, el ejecutivo «ha fracasado». Y, para acabar, le hizo una única petición: «Mientras deciden cuándo es la fecha de las próximas elecciones, sólo me queda pedirle que, por favor, intenten no empeorar más las cosas».

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