La abogacía del estado desmonta la estrategia de Sánchez en Cataluña
La abogacía del estado asegura que el aumento de la inversión en Cataluña al 18% en los presupuestos no es una obligación legal sino una decisión política
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE
La decisión del gobierno de Pedro Sánchez de dedicar a Cataluña el 18% del total de las inversiones estatales de 2019 para lograr el apoyo de ERC y de Pdecat a los presupuestos no convence a la abogacía del estado. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ejecutivo tiene obligación de invertir en Cataluña lo que establece el Estatut, pero la abogacía del estado rechaza este argumento.
«El Gobierno contempla el respeto al Estatuto no son una contrapartida, sino que son el cumplimiento estricto de la ley porque creemos que hay que cumplir con aquellas disposiciones que se establecen en leyes orgánicas, como son los estatutos de Cataluña y de otras comunidades, y que en demasiadas ocasiones no se ha hecho la parte de inversión que corresponde«, defendió Montero tras el Consejo de Ministros del viernes.
Sin embargo, la Abogacía del Estado rechaza desde 2006 que el Gobierno tenga obligación de invertir lo que establece el Estatut, según fuentes consultadas por El Mundo de la abogacía del estado de la era Zapatero, que defendieron con éxito ante el Tribunal Constitucional que había que aguar la llamada disposición adicional tercera.
La Abogacía del Estado dictamina que «no hay una especial garantía de inversión en Cataluña»
Esa disposición estableció que el Estado debía dedicar en sus presupuestos, a la inversión en infraestructuras de Cataluña, al menos el mismo porcentaje del peso que representa la comunidad en la economía española, es decir en torno al 18% del total, frente al 13% de los últimos años.
«Esta disposición del Estatuto es un deseo político que no es exigible legalmente en absoluto a ningún Gobierno», afirman fuentes de aquel equipo de la abogacía del estado.
Así, la abogacía del estado dictamina que «no hay una especial garantía de inversión en Cataluña, sino que la misma habrá de decidirse, como la del resto de las comunidades autónomas, en los presupuestos generales del Estado». Por lo que el aumento previsto se trata de una decisión política y no de una obligación legal.
Presupuestos generales de 2019
Por su parte, ERC insiste en el no a los presupuestos porque el Ejecutivo socialista «no se mueve» en cuanto a las peticiones de la fiscalía contra los políticos catalanes presos y en cuanto a la negociación de un referéndum para Cataluña.
Así, los independentistas siguen reclamando gestos sobre los políticos presos y el juicio del procés, pero el Gobierno insiste en que no hay ningún margen, al ser la justicia independiente. Es por ello por lo que intenta negociar con los partidos nacionalistas ofreciendo mayores inversiones en la comunidad.
El Ejecutivo socialista presenta este lunes en el Congreso su proyecto de presupuestos generales para 2019, que aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros y que elevan en el 40% las inversiones en dependencia y políticas de vivienda. Además, prevé una recaudación récord para financiar los aumentos.
