El juez también culpa al Pdecat por el caso del 3%

Un numeroso grupo de exdirigentes de la desaparecida Convergència (CDC) está a las puertas de ir a juicio por el caso del 3% sobre la financiación ilegal del partido. El juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, se propone juzgar a extesoreros, exgerentes y otros responsables de esta formación política y pedir responsabilidades a sus herederos del Pdecat.

En el auto de procedimiento abreviado que se dio a conocer este jueves, el juez se propone juzgar a los extesoreros convergentes Daniel Osácar y Andreu Viloca, al exgerente Germá Gordó, al ex responsable jurídico Francesc Xavier Sánchez, así como a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas.

De la Mata también dirige el procedimiento contra Convergència y Pdecat, así como contra las sociedades TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras y Copisa, entre otras.

Todos están investigados por el llamado “3 %” a cambio de adjudicaciones públicas en Cataluña. El dinero servía para “financiar a dicho partido político ilegalmente y en forma encubierta», según se lee en el escrito judicial.

El juez destaca que la operativa se mantuvo en el tiempo incluso después del caso Palau, también relacionado con la financiación ilegal de Convergència, por lo que los responsables del partido «no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante once años». Precisamente, uno de los tesoreros investigados en el caso del 3%, Daniel Osàcar, ya fue condenado en el caso Palau a cuatro años y cinco meses de cárcel.

Los herederos de Convergència

También aprecia responsabilidad de esa actividad en el PDeCat, que en 2016 sustituyó a Convergència. El juez afirma que lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido, «se corresponde con la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente».

En el auto de pase a procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, De la Mata considera los hechos investigados como constitutivos de los presuntos delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

De esta forma, el juez pone fin a una investigación que se inició en 2015 en relación con determinadas actuaciones irregulares en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona). Sostiene que altos cargos de Convergència, en connivencia con responsables públicos y funcionarios, y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar al partido.

En lo más alto de la organización, figuran Gordó, Osácar, Viloca y, después, se les uniría Francesc Xavier Sánchez, quienes supuestamente llevaban el control de las licitaciones públicas ofertadas por diferentes administraciones del ámbito territorial catalán bajo la esfera de CDC.

En un segundo escalón, el magistrado sitúa a las autoridades de esas administraciones y que, de acuerdo con los responsables de CDC, alteraron concursos públicos con la finalidad de «dirigir» los mismos hacia los empresarios conniventes.

En el tercer escalón, se sitúa a los empresarios que se concertaron con altos cargos de Convergència para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones, CATDEM y Fundació Forum Barcelona.

Adjudicaciones y donaciones

El juez detalla todas las adjudicaciones y donaciones investigadas a partir de los documentos intervenidos al extesorero de CDC Andreu Viloca, las empresas a las que se han adjudicado los contratos y las reuniones con los empresarios, así como las donaciones de dichas empresas al partido fundado por Jordi Pujol.

No siempre existía, precisa el juez, una exacta concatenación temporal entre los pagos y las, al menos, 31 adjudicaciones analizadas. Por este motivo, las donaciones no están necesariamente vinculadas a adjudicaciones sino a «mantener a la empresa en posición de acreedor con vistas a futuras adjudicaciones».

La trascendencia de esta organización en el partido era muy relevante: los ingresos con origen en sus fundaciones significaron una fuente de financiación que supuso, en el periodo comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012 (ejercicios de los que se dispone información), una media del 11,5 % de la «financiación privada» del partido y de un 7,7 % en la financiación total (pública + privada).

En otro auto, de 146 páginas, el magistrado acuerda, en la pieza denominada “Infraestructures de la Generalitat”, procesar a otras 18 personas físicas por organización criminal, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El magistrado De la Mata es el mismo que recientemente ha enviado a juicio a Jordi Pujol, su esposa y a sus siete hijos.