El tribunal que fiscaliza a la Generalitat lleva dos meses aletargado
El tribunal de contratos del sector público que presidía Juan Antonio Gallo censuró a la Generalitat, pero también al ayuntamiento de Ada Colau
El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) disminuyó su actividad en los dos últimos meses. Precisamente, desde que el gobierno de Carles Puigdemont convocó el concurso para buscar el substituto de Juan Antonio Gallo como presidente de este órgano fiscalizador de los contratos de las administraciones públicas catalanas. Según fuentes próximas al mencionado tribunal, Gallo ha preferido no inmiscuirse en asuntos de calado después de que se le comunicase que no contarían con sus servicios.
La Generalitat ha prescindido de su fiscalizador más incómodo. El grupo popular ha pedido la comparencia urgente del consejero de transparencia, Raül Romeva, para que dé explicaciones sobre la substitución de Gallo por Neus Colet, una alta funcionaria considerada próxima a ERC. A Gallo se le acababa el mandato este jueves, pero el gobierno catalán tenía la posibilidad de renovarlo por otro período de cinco años. No lo ha hecho. Nadie pone en duda su independencia, ni tampoco que algunas de sus decisiones no gustaron nada en la Generalitat. Especialmente su censura a la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat al consorcio liderado por Acciona.
Silencio al otro lado de la plaza de Sant Jaume
Al otro lado de la plaza de Sant Jaume, en el Ayuntamiento de Barcelona, el equipo de gobierno de Ada Colau guarda silencio sobre el relevo al frente del TCCSP. Hace unos meses, Gallo les tumbó el concurso para adjudicar el contrato de alumbrado público. Tanto la alcaldesa Colau como el concejal del área de energía, Eloi Badia, habían celebrado públicamente la retirada de Endesa y Gas Natural Fenosa del concurso. Precisamente, un recurso de la primera compañía ante el tribunal de Gallo les obligó a suspender la licitación y volverla a convocar.
El TCCSP todavía tiene pendiente de resolución otro recurso contra un concurso del ayuntamiento de Colau. La patronal catalana de empresas de ingeniería, Asinca, recurrió la licitación para el seguimiento de planes, proyectos y obras de infraestructuras de Barcelona. Argumentaron se trataba de una subasta encubierta y que, por tanto, vulneraba la directiva europea sobre contratación de ingenierías. Esta normativa prima la relación coste-eficacia al precio. Sin embargo, el concurso otorgaba 85 puntos sobre 100 a la oferta económica.
Este último asunto ya no lo resolverá Gallo, sino su substituta la frente del tribunal, Colet. El grupo popular pide que se aclare los motivos de su designación.
