Jordi Montull busca un pacto con la Fiscalía para librar a su hija
El socio de Millet en el Palau de la Música es la pieza clave para esclarecer la financiación ilegal de CDC que implicaría a Artur Mas
Jordi Montull colocó a su hija Gemma en el Palau de la Música, del que fue su directora financiera, y ahora está a un punto de ir a la cárcel. Jordi Montull se siente acongojado. No tanto porque el fiscal reclame para él una pena de 27 años y medio de cárcel, sino por el hecho de que pida otros 26 años para su hija. Fuentes del entorno de Montull aseguran que intenta llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar que su hija dé con sus huesos en la cárcel o, como mínimo, para rebajar la posible pena.
Estas fuentes indican que, para salvar a su hija Gemma, Montull está dispuesto a contarlo todo. Y por todo se refieren a explicar ante el tribunal, con pelos y señales, la triangulación entre el Palau de la Música, la constructora Ferrovial y Convergència (CDC), el partido de Artur Mas. Gemma Montull debería corroborar la misma versión ante el juez. Como directora financiera, conocería al dedillo las supuestas comisiones que Ferrovial pagaba a CDC a través del Palau de la Música a cambio de la adjudicación de obra pública.
Montull está dispuesto a inculpar a CDC si con ello consigue rebajar la pena a su hija. Tanto Fèlix Millet como Jordi Montull podrían obtener beneficios penitenciarios por su edad y por su estado de salud. Este no es el caso de Gemma Montull, que se juega pasar un largo tiempo en presidio. Las hijas de Millet, Clara i Leila, se han librado del juicio, pese a que también trabajaron en el Palau de la Música.
En su declaración ante el juez durante la fase de instrucción, en abril de 2011, Gemma Montull aseguró que no sabía nada del pago de comisiones a CDC. Ahora quizás ofrezca una versión distinta.
El abogado de la familia Montull, Jordi Pina, se mantiene en silencio. A preguntas de Economía Digital sobre la negociación de un acuerdo con la fiscalía, fuentes del despacho de Pina indicaron este martes que estaba «enclaustrado» preparando el juicio que empieza este miércoles en la Ciudad de la Justicia. No se ofreció ninguna información al respecto, ni para confirmarlo ni para desmentirlo.
Los pactos están en el aire. Según apuntan fuentes conocedoras del caso, otros acusados pueden buscar salidas personales. Entre ellos no estaría Félix Millet, de 81 años, que ha pedido ausentarse de la mayor parte de las 55 sesiones programadas para este juicio. Tampoco ha buscado una solución personal Daniel Osácar, el ex tesorero de CDC, para el cual la fiscalía pide siete años y medio de cárcel.
Dos ex directivos de Ferrovial también se juegan penas de cárcel
Entre los acusados se encuentra Rosa Garicano, la ex directora general, para la que se pide nueve años y medio de cárcel. Garicano es cuñada de Rafael Ribó, actual síndic de greuges (defensor del pueblo catalán). Otros acusados son los ex directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, para los que piden cuatro años y medio de cárcel.
Cualquier pacto con la fiscalía pasaría por reconocer los cargos y confesar. Si Gemma Montull se acogiese a esta fórmula, debería revelar quién se esconde detrás del misterioso «Daniel» que aparecía en los papeles del Palau como receptor de fondos de Ferrovial, aunque para la fiscalía está claro que se refieren a Osácar. También debería explicar porque el Palau de la Música pagó a empresas especializadas en buzoneo electoral que trabajaban habitualmente en las campañas de Convergència.
El fiscal es Emilio Sánchez Ulled, el mismo del caso del 9N contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. Sánchez Ulled también mantiene un escrupuloso silencio sobre la posibilidad de pactos. Fuentes del ministerio público, ajenas a esta causa, confirman que hay tiempo para concretarlos hasta que se formulen las peticiones definitivas de penas.
Un informe de Deloitte cifró el expolio del Palau de la Música en 31,2 millones de euros. De este importe, la fiscalía considera que se desviaron 6,6 millones a Convergència. Por este motivo, el juez instructor impuso en 2012 al partido de Artur Mas una fianza de 3,2 millones de euros, que no cubre ni la mitad de lo que supuestamente se llevaron. Para cubrir la fianza, CDC dispuso como garantía su anterior sede central de la calle Provenza de Barcelona. Cuando en 2015 vendieron este edificio, substituyeron como garantía esta sede por quince locales del partido.
La Guardia Civil está investigando en estos momentos, en el marco del caso del 3%, la venta de la sede de la calle Provenza a un grupo inversor de Hong Kong. Los problemas de Artur Mas no se acaban en el caso Palau. Otro juez está armando ahora el caso 3% que también tiene que ver con la financiación ilegal del partido.
