Interior relevará a 5.000 Mossos si no acatan la sentencia del procés

El Ministerio del Interior podría aplicar un mecanismo por el cual reemplazaría a 5.000 Mossos d’Esquadra si, tras conocer la sentencia de la causa del procés, se produce una situación de desobediencia por parte de la policía autonómica catalana. Se trata de un plan en el que los cuerpos de seguridad del Estado llevan trabajando desde hace dos años. 

Según publica El Mundo, en 2017, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la Secretaría de Estado de Interior encargó varios informes tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional para evaluar como sería el control de los Mossos en caso de que fuera necesario hacerlo. Según la misma información, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja con estos documentos para contemplar las posibles reacciones del Estado a los posibles escenarios que se puedan dar tras conocer la resolución del Tribunal Supremo (TS), que se emitirá presumiblemente antes del 16 de octubre.

En las últimas fechas, Sánchez anunció que estaría dispuesto a aplicar la nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN),  mediante la cual puede coordinar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aunque no puede tomar el control directo de las policía autonómica. Tampoco podría, mediante esta ley, pisar las competencias de la Generalitat tal y como señaló una sentencia del Tribunal Constitucional en 2016. Por tanto, no podría impedir que Quim Torra siguiera al frente del gobierno catalán pero obligaría a que tanto los Mossos como los bomberos así como efectivos de protección civil a coordinarse con los del Estado.

Sánchez podría, no obstante, ejecutar un decreto presidencial por el que tomar el control inmediato de los Mossos si se produce el escenario más grave de excepcionalidad. De producirse, el Gobierno publicaría en el Boletín Oficial del Estado el decreto presidencial, que no requiere del acuerdo del Consejo de Ministros, e iría en consonancia con lo estipulado en la LSN. 

Siguiendo la información de El Mundo, que cuenta con fuentes que han trabajado en el plan de contingencia, la Guardia Civil podría sustituir hasta 5.000 integrantes de la policía autonómica -el cual forman 16.000 personas- por sus propios efectivos. Este reemplazo se realizaría en tres niveles distintos. El primer paso sería el relevo de altos mandos de los Mossos por sus equivalentes en la Policía Nacional y Guardia Civil, partiendo del rango de teniente coronel. En la segunda fase se sustituirían los niveles comprendidos entre comandante y suboficial mientras que en la tercera se cambiaría al resto de los integrantes de los cuerpos de seguridad. 

El consejero de Interior catalán, Miquel Buch, aseguró recientemente que los Mossos podrían resolver «cualquier escenario» tras la sentencia del procés en un intento de evadir la activación de la LSN, de forma que el Gobierno de  Torra siguiera manteniendo el control de la policía autonómica. Buch aseguró que velarían «por la convivencia pacífica» para «dar cumplimiento al libre ejercicio de las libertades y derechos». Si tras la resolución emitida por el TS se produce una situación más laxa, el plan de contingencia previsto por Interior contempla que el papel de la Policía Nacional y la Guardia Civil estaría limitado a «supervisar» la actuación de los Mossos. En este caso, la Policía Nacional se encargaría de las grandes ciudades catalanas mientras que la Guardia Civil se centraría en los municipios más pequeños. 

Uno de los documentos que contempla el plan, según la misma información, elaborado por miembros de los Mossos en disonancia con la independencia de Cataluña, señala hasta 15 altos mandos policiales a los que se les atribuye una «lealtad manifiesta al movimiento independentista». Estos, siguiendo el plan del Gobierno, deberían ser «neutralizados» en caso de intervención por parte del Ejecutivo. 

El director de los Mossos, Andreu Martínez, dimitió horas antes del aniversario del 1-O, tras la detención de los nueve miembros de los Comité de Defensa de la República (CDR) a los que se les acusa de terrorismo. Su relevo, Pere Ferrer, que hasta su nombramiento fue jefe de gabinete de Buch, está muy valorado en Interior debido a su cooperación «muy satisfactoria» durante los últimos meses, lo que podría facilitar la situación tras la resolución de la causa del procés.