Operación en Girona por el contrato del agua en la etapa Puigdemont
La Guardia Civil registra las sedes de compañías del agua de Girona sospechosas de malversación de caudales públicos cuando Carles Puigdemont era alcalde
La Guardia Civil ha desplegado este martes un operativo contra la empresa de gestión de aguas de Girona por presuntas irregularidades durante la etapa en la que Carles Puigdemont era alcalde de la ciudad.
En este operativo policial se prevé una quincena de registros en las oficinas de tres compañías del agua y en los domicilios particulares de sus responsables. También se han dirigido al Ayuntamiento de Girona para recabar información. Las compañías investigadas son Agissa SA, empresa municipal de capital mixto; Girona SA, empresa privada que controla la mayoría de acciones de la anterior; y Prodaisa, también privada.
Los agentes investigan una supuesta malversación de fondos cometida durante la etapa en la que el actual presidente de la Generalitat estaba al frente del Ayuntamiento de Girona. Como alcalde de la ciudad, Puigdemont renovó la concesión a Agissa en 2013. Sin embargo, este no figura por el momento entre los investigados. El escándalo del agua de Girona estalló hace tres años a raíz de una denuncia de la CUP. Los investigadores consideran que el importe «distraído» supera los quince millones de euros.
El escándalo del agua de Girona estalló hace tres años a raíz de una querella de la CUP contra cuatro directivos de Agissa. Esta compañía, concesionaria del servicio de aguas, está participada en un 20% por el Ayuntamiento y en un 80% por la empresa privada Girona SA.
La CUP destapó la trama
El escándalo del agua de Girona estalló hace tres años a raíz de una querella de la CUP contra cuatro directivos de Agissa. Esta compañía, concesionaria del servicio de aguas, está participada en un 20% por el Ayuntamiento y en un 80% por la empresa privada Girona SA. En su querella, la CUP mantiene que los directivos beneficiaron a la parte privada en detrimento de la pública.
La investigación está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y por el juzgado de instrucción número dos de Girona. Sin embargo, el caso ha dado un giro a raíz de un informe de la Agencia Tributaria elaborado por encargo del juez del Vendrell (Tarragona) que instruye el caso del 3% sobre la financiación de la vieja Convergència. Los investigadores indagan si parte de los sobrecostes del servicio del agua se destinaron a la financiación de formaciones políticas.
Contratos bajo sospecha
El informe de la Agencia Tributaria revela que Girona SA contrató entre 2010 y 2015 a una agencia de comunicación, AMR Publicidad, que también trabajaba para el partido de Puigdemont y Artur Mas. Como administrador de esta agencia figura Antoni Maria Rigau, hermano de la exconsejera y actual diputada Irene Rigau, una de las condenadas del caso 9N.
El juzgado del Vendrell aportó pistas sobre la trama del agua de Girona. En la investigación sobre la consultora Efial, que forma parte del caso del 3%, se descubrió que también había trabajado para el ayuntamiento de Girona. En 2013, el equipo de gobierno del entonces alcalde Puigdemont contrató una auditoria de la gestión del agua a Efial antes de renovar la concesión a Agissa. El fiscal anticorrupción José Grinda se encarga tanto del caso del 3% como de la investigación de las tramas del agua de Girona.
En las tramas del agua de Girona están imputados el exconsejero delegado de Agissa, Narcís Pifarrer, y su sucesor, Xavier Badell. Recientemente también han sido imputados los exconcejales socialistas Manuel Serra y Tomàs Sobrequés, el empresario Joan de Llobet y el abogado Lluís Cibils.
