González pidió un millón a una empresa pública para sanear el PP

La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid está en la mira del juez Eloy Velasco. El magistrado sospecha que el expresidente madrileño Ignacio González solicitó a esta empresa un millón de euros para financiar irregularmente al Partido Popular entre 2004 y 2016, uno de los delitos que se investigan en la operación Lezo.

De hecho, uno de los detenidos en la operación, por la que Ignacio González ha ingresado el viernes en prisión, es José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de ICM, que ha quedado en libertad el viernes con la condición de que pague una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril.

El juez Velasco cree que la antigua ICM servía para desviar fondos al PP

El juez considera que el desvío de fondos a las arcas del PP se realizó a través de la Agencia para la Administración Digital, antes conocida como Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), una empresa pública que brinda apoyo informático a los organismos de la Comunidad de Madrid.

En el auto, el juez considera que González movió sus hilos en la ICM para que diversas empresas privadas ganaran licitaciones pero a un coste superior al precio de mercado. Con la diferencia se pagaban las facturas a los proveedores del PP de la comunidad, alterando los conceptos. La mayoría de estos pagos estaban relacionados con gastos de campañas electorales.

González niega las acusaciones

Según han informado fuentes jurídicas, a Ignacio González, que ha negado todas las acusaciones, también se le ha interrogado sobre una presunta comisión de 1,4 millones de euros que recibió de la constructora OHL, cuyo consejero Javier López Madrid fue arrestado el jueves y ha quedado en libertad el viernes también bajo el pago de la misma fianza.

Esta comisión la habría recibido por la adjudicación del contrato para la construcción del ferrocarril de Navalcarnero, que nunca se realizó. Asimismo, el magistrado le imputa su relación en las supuestas comisiones por la adjudicación de la obra del golf que se construyó en unos terrenos del Canal de Isabel II del barrio madrileño de Chamberí y que se adjudicó a Dragados.

Velasco le ha interrogado asimismo acerca de su participación en uno de los ejes de la investigación del caso Canal: la compra supuestamente fraudulenta de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal en 2013. Esta empresa fue, según el juez, «hipervalorada ficticiamente» y se hizo sin ningún tipo de control para el «desvío de dinero público madrileño» (23 millones de euros) a «cuentas bancarias de terceros países con opacidad».

Otras de las cuestiones que se le imputan a González son el manejo habitual de dinero en efectivo y la elaboración de facturas falsas.