Giro de Colau a su política de vivienda tras fracasar con el parque público
El Ayuntamiento de Barcelona buscará capital privado para crear consorcios y tutelar alquileres de 500 euros
No se puede decir que el gobierno municipal de Ada Colau haya solucionado los problemas de acceso a la vivienda que sufren los barceloneses. Al contrario: los alquileres prosiguen la subida de precios y las recetas del Ayuntamiento, basadas en crear un gran parque de vivienda pública, se han mostrado del todo ineficaces.
Ahora, la alcaldesa de Barcelona prepara un giro a sus políticas. Aunque Colau y su equipo suelen presumir de la musculatura financiera del Ayuntamiento de Barcelona, la dirigente de BComú se prepara para renunciar a una gran bolsa de alquileres sociales de titularidad municipal y, en su lugar, impulsar «alquires asequibles» de la mano del sector privado.
La alcaldesa ha perdido la fe en la creación de pisos sociales y ha dilapidado tres años de su acción de gobierno sin tejer complicidad alguna con el sector privado. De los 4.000 pisos que prometió al inicio del mandato, terminará 800 y dejará en marcha otros 800. El resto se halla en una espesa fase burocrática de adjudicaciones sin un final a la vista. Las cifras hablan por sí solas.
Viendo la incapacidad para cumplir con sus compromisos —y pese a la situación de privilegio del Ayuntamiento respecto a suelo, presupuesto y financiación—, Colau se prepara para un cambio de modelo basado en atraer capital privado para dar lugar a una especie de consorcio público-privado que saque al mercado vivienda barata. «El alquiler podría ser 500 euros más suministros e impuestos», calcula el gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Burón.
Colau y las housing associations
Siguiendo la experiencia de otros países europeos, Burón ya planteó en una entrevista buscar entidades con «ánimo de lucro limitado» que estén dispuestas a asumir rentabilidades bajas, pero seguras. Es lo que se llama housing associations o housing corporation.
El esquema se basaría en que el Ayuntamiento invirtiera, por ejemplo, 100 millones en uno o varios proyectos y lograr otros tantos de lo privado. La ventaja, según explicó Burón a La revista de la vivienda protegida, es que se ponen más recursos en circulación y se logra una gestión de la vivienda «muy profesional», ya que las housing associations «no suelen caer en la burocratización, que es algo que sí puede ocurrir en la administración».
El gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona se planteaba en voz alta estas dos preguntas: ¿Usted invertiría en un instrumento público-privado que se va a dedicar al alquiler civil a largo plazo y le gustaría obtener una rentabilidad moderada, pero segura? ¿Usted estaría dispuesto a comprar bonos u obligaciones de una empresa público-privada de alquiler en Barcelona y obtener un 3% de rentabilidad?
La conclusión de Javier Burón es que «en el caso de Barcelona, donde el alquiler está ya en 800 o 800 y pico euros, el alquiler podría ser 500 euros más suministros e impuestos» con este modelo público-privado.
