Fomento lanza un SOS a las CCAA para terminar con el conflicto del taxi
José Luis Ábalos propone que los gobiernos autonómicos se acojan a un nuevo marco normativo que estará listo en septiembre
El ministro de fomento, José Luis Ábalos, propone a los gobiernos autonómicos que se acojan a un nuevo marco normativo que estará listo en septiembre y que les habilitará para tener capacidad regulatoria en materia de licencias de VTC, mientras las que no lo deseen seguirán bajo el marco estatal.
Esta fue la principal propuesta lanzada por Ábalos a los representantes de las comunidades autónomas en la reunión de tres horas que mantuvieron en la sede del ministerio, junto a la creación de un grupo de trabajo que estudie soluciones en profundidad para el conflicto entre VTC y taxi, con un plazo de tres meses.
Ábalos confía en que estas decisiones sirvan para la desconvocatoria de las movilizaciones de los taxistas e indicó que las dos propuestas fueron expresadas a los dirigentes de las asociaciones de taxistas el lunes pasado y a la patronal de los VTC ayer, martes, y que «están por la labor».
De esta manera, Ábalos desiste de su propuesta de transferir a las comunidades autónomas la competencia de otorgar licencias a los VTC para que frenaran su expansión frente al taxi, como reclamaban los taxistas. Ábalos renuncia a la iniciativa por la reticencia de varios gobiernos autonómicos ante la medida.
La huelga de los taxis cuesta 10 millones al día
Según cálculos de la Asociación Nacional del Taxi, los taxistas pierden entre 9 y 10 millones de euros cada día que están sin trabajar. Tras seis días de huelga, ya acumulan pérdidas de más de 60 millones de euros. De media, cada uno de los 64.961 taxistas que hay en España está perdiendo 150 euros cada día.
Esta es una de las razones por las que muchos esperan que los taxistas desconvoquen la huelga pronto. Por eso los taxistas del sindicato Élite Taxi ya ofrecen servicios mínimos en los hospitales de Barcelona, por ejemplo.
El Gobierno intentó convencerles de abandonar la huelga mediante un decreto que no tiene recorrido legal, según un informe de los VTC publicado el jueves.
El informe dice que el plan del Gobierno choca con la constitución, porque las competencias en cuestión no figuran en los estatutos de autonomía y para pasarlas se necesita una ley orgánica que debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados.
