Fiscalía acusa a un diputado de CiU de favorecer a un mafioso ruso
Anticorrupción pide dos años y medio de prisión para Xavier Crespo por presuntos delitos de cohecho y prevaricación
La investigación del caso Crespo llega a su fin. La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado ya la acusación contra el diputado de CiU en el Parlament, Xavier Crespo, por vínculos con la mafia rusa. El político habría favorecido a un empresario ruso en varios concursos públicos a cambio de viajes y regalos, entre otros. Por ello, solicitan dos años y medio de prisión.
Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo solicitan también para Crespo –que en esa época era alcalde de Lloret de Mar– una multa de 831.600 euros y que retorne los sobornos que presuntamente recibió de la trama corrupta, enmarcada dentro de la investigación del caso Clotilde. También piden para el entonces concejal de Urbanismo, Josep Valls, dos años y tres meses de cárcel.
Facilidades administrativas
El escrito de acusación, señala que ambos políticos dieron «facilidades administrativas” en la construcción de un complejo inmobiliario que se iba a realizar en el lugar de la plaza de toros, a cambio de determinados favores. La promoción inmobiliaria era la compañía Development Diagnostic Company (DDC), del magnate ruso Andrei Petrov.
El presunto mafioso ruso se puso en contacto con los acusados a través de Pilar Gimeno, amiga de Josep Valls y del magnate ruso, que mantuvieron varias reuniones en las que se decidió que, a cambio de ciertos favores, debían tratar bien a DDC. Así, Petrov invitó en febrero de 2008 a Crespo y su familia, junto a la arquitecta, a un fin de semana en Rusia con una factura que superó los 5.000 euros, regaló a Crespo un reloj Zenith valorado en 2.200 euros, y posteriormente se comprometió a patrocinar los clubes deportivos de hockey sobre patines y fútbol de Lloret; ambas entidades, privadas.
El proyecto de Petrov
En contrapartida, Petrov consiguió que su empresa se hiciera con el proyecto para construir un centro comercial en la zona de la antigua plaza de toros, que preveía un aparcamiento público de 400 plazas, un local público de 1.700 euros, urbanizar la zona y construir un patio inglés, sin pagar el aval previsto de 1,9 millones y comenzó las obras antes de haberse aprobado el proyecto.
Posteriormente, para conseguir un ahorro en el coste de la licencia de obra, solicitó una rebaja del impuesto del valor de la licencia de obras, que era de 267.508,46 euros, al amparo de una ordenanza municipal para que le bonificaran el 95% declarando la obra «de interés municipal».
