Fianza de tres millones para el exjefe de la Feria de Abril catalana
El juez impone medidas cautelares por el caso Fecac: 2,5 millones de euros de fianza para Francisco García Prieto y medio millón más a dos de sus hijos
El juez ha impuesto una fianza de 2,5 millones de euros a Francisco García Prieto por el presunto saqueo de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (Fecac), la entidad que organiza la Feria de Abril de Cataluña. Además, impone otra fianza de medió millón para sus hijos Francisco y Manuel García Astorga.
En un auto fechado el pasado 2 de junio al que ha tenido acceso Economía Digital, el titular del Juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Jordi-Lluís de Prada, impone a García Prieto y a dos de sus hijos una fianza de tres millones de euros con la advertencia de que, si no la hacen efectiva, embargarán bienes de su propiedad por el mismo importe. La fianza sirve de garantía para cubrir posibles responsabilidades penales.
El juez instructor limita las medidas cautelares únicamente a tres personas físicas. Descarta pedir responsabilidades civiles subsidiarias tanto a la Fecac como a la fundación del mismo nombre por considerar que “resultarían doblemente afectadas” por la gestión de García Prieto, que fue su presidente durante cerca de treinta años.
La Fiscalía investiga a García Prieto por los presuntos delitos de apropiación indebida, fraude de subvenciones y falsedad en la gestión de la Fecac, la entidad que organiza la Feria de Abril catalana, entre los años 2008 y 2013.
Hizo una fortuna con la cerveza
Según los denunciantes, García Prieto y sus hijos sacaron tajada de la cerveza que se expendía en las casetas de la feria. Entre 2003 y 2013, Damm aportó 6.000 euros anuales a la Fecac a cambio de tener la exclusiva. La empresa aplicaba un descuento del 54% a la cerveza que se distribuyó a través de empresas vinculadas con los hijos del entonces presidente. Se calcula que por este medio obtuvieron ingresos de 1,2 millones de euros.
La Fiscalía también investiga las subvenciones que durante años recibió la Fecac de diversas administraciones públicas: la Generalitat, la Diputación de Barcelona, los ayuntamientos de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet e, incluso, de la Junta de Andalucía. Algunas de estas ayudas se percibieron por actos que nunca se celebraron.
También se investiga a una decena de constructoras que pagaron la instalación de casetas de la feria. Todas estas empresas trabajaban para Regesa, una promotora del Consejo Comarcal del Barcelonés, una administración en vías de desaparición. Incluso una constructora del caso Pretoria aparece en la financiación de la Feria de Abril catalana.
