Fastos por el 15º cumpleaños de una ACA endeudada y descoordinada 

La Agencia Catalana del Agua (ACA) cumple 15 años. Su director, Jordi Agustí, y el consejero de Territorio, Santi Vila, soplarán las velas en un acto organizado este jueves a las siete de la tarde en el Palau Robert en el que la pompa estará necesariamente limitada. Tanto como las capacidades reales del presupuesto de la empresa pública para su principal tarea: desarrollar y mantener la red de saneamiento y distribución de las aguas catalanas.

El 40% del presupuesto de la compañía va directamente destinado a pagar la deuda acumulada. Agustí celebraba en el cierre del pasado ejercicio que el montante actual era de sólo 825 millones de euros. A finales de 2010, cuando su predecesor en el cargo, Leonard Carcolé, consiguió reestructrar los créditos bancarios, llegaba a los 1.368 millones.

Crédito más caro a corto plazo

La operación financiera no se saldó precisamente con un pacto favorable para la ACA. El entonces director y su gerente, Joan Piñol, firmaron un plan de pago en el que se elevaba el tipo de interés y se conseguía prolongar el plazo de devolución, pero a corto plazo. Fuentes del sector bancario señalan la complejidad de la refinanciación pactada, que incluye tres créditos sindicados con 15 bancos y otros 10 préstamos biltareales con las mismas entidades.

La ACA estuvo al borde de la quiebra. Carcolé puso un parche a la vía de agua, pero no consiguió dotar a la empresa de los recursos necesarios ni para emprender nuevos proyectos ni para hacer las inversiones necesarias para mantener la red actual.

Organizaciones ecologistas ya han alertado de que el letargo de la institución la condena a tener que enfrentarse a una nueva oleada de inversiones millonarias en poco tiempo para actualizar las infraestructuras ya construidas; por lo que su deuda se disparará de nuevo.

Incremento del canon y ‘traspaso’ de competencias

Agustí ha intentado renegociar las condiciones con la banca desde que aterrizó en la compañía en diciembre de 2014. Las entidades se resisten ante las dudas sobre la capacidad económica real de la empresa pública.

Para asegurarse ingresos, la dirección del ACA ha incrementado el canon del agua un 30% entre 2011 y 2014. También ha aplicado otras directrices como obligar a las empresas a las que ha concesionado el suministro a asumir la morosidad del canon o intentar que la mayoría de actuaciones imprescindibles se ejecuten a costa del presupuesto de otras administraciones.

Diputaciones y ayuntamientos

Las diputaciones, bajo el control de CiU como el Gobierno de la Generalitat, han sufragado intervenciones. Fuentes de la empresa pública aseguran que se trata de actuaciones «muy concretas». Otros interlocutores del sector indican que van bastante más allá de una colaboración limitada en el tiempo por un proyecto puntual.

Los ayuntamientos también han pagado trabajos de mantenimiento o mejora en su ámbito de influencia. Al gestionar un servicio tan básico como el agua potable, no se pueden permitir aplazar o dejar de ejecutar estas operaciones de carácter técnico.

Grueso de inversiones

Tanto Carcolé como Agustí han señalado a los gobiernos tripartitos como los culpables de la colosal deuda del ACA. El grueso de las actuaciones de la empresa pública se ejecutaron durante la gestión de IVC-EUiA, el partido que controlaba la consejería dedicada a las cuestiones ambientales durante los mandatos de Pasqual Margall (2003-2006) y José Montilla (2006-2010).

El entorno de los dirigentes ecosocialistas implicados en la gestión del ACA, los ex consejeros Francesc Baltasar y Salvador Milà, también miran al pasado para justificar los problemas con los que se encontraron al desembarcar en la institución y los que dejaron después.

Básicamente, que desde que el presidente Jordi Pujol decidió fusionar la Junta d’Aigües y la Junta de Sanejament nunca dotaron de presupuesto público a la nueva compañía. El ACA tenía un contrato programa igual que el resto de empresa del sector público, pero sin aportaciones de la Generalitat. Los ingresos de su presupuesto, que este año llegan a los 435 millones (frente a los 431 de 2014), provienen íntegramente del canon.

Carcolé y la ‘guerra del agua’

Carcolé también fracasó en su intento de reducir una plantilla de 600 personas. Planteó dos veces una reestructuración de empleo que no se ejecutó. Las elecciones de 2012 dejaron el proyecto de un cajón. El director de la gestora de agua tenía otro problema en ese momento de mayor importancia: el fracaso de la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), que ha derivado en la guerra del agua en Cataluña.

El directivo participó activamente en su diseño y licitación, era el ideólogo de la privatización junto al entonces consejero de Territori, Lluis Recoder. La judicialización del proceso y los reveses judiciales que acumulaba (el primero llegó días después de la firma del contrato con Acciona) propiciaron su salida en abril de 2013.

Deuda de 2.100 millones

ATLL era una empresa pública segregada del ACA. También tenía problemas económicos: un agujero en sus cuentas de 700 millones. Así, la deuda total de las empresa de la Generalitat que gestionaban el agua llegó a los 2.100 millones en 2010.

El ingreso de 300 millones por la privatización de ATLL nunca llegó a revertir en el pasivo de la compañía. El Gobierno de Artur Mas destinó el capital a disminuir la deuda ordinaria de la Generalitat.