En jaque la adjudicación del agua de ATLL a Acciona
Este martes el Tribunal Supremo comenzará las deliberaciones del caso, que podría costarle al menos 300 millones a la Generalitat
La sala tercera del Tribunal Supremo comenzará a deliberar el martes acerca de los recursos de casación que pueden terminar con la licitación que Acciona ganó en 2012 para gestionar Aigües Ter Llobregat (ATLL). Serán necesarios otros dos debates para escuchar una sentencia sobre el caso, en el que están en juego los 1.000 millones con los que la Generalitat redujo en cinco décimas su déficit en 2012.
ATLL suministra el agua que se distribuye en la Barcelona metropolitana, abarcando más de cuatro millones y medio de consumidores. Acciona gestiona ATLL desde que se firmó la concesión a finales de 2012, mediante un concurso que en 2015 fue invalidado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El fallo del TSJC contra el contrato se dio por incumplimiento de «los principios de publicidad y concurrencia». Además, ya en 2013 el OARCC -el organismo de la Generalitat para los concursos públicos- había dicho que Acciona debió haber quedado fuera del concurso.
Este martes el Tribunal Supremo deliberará acerca de dos recursos de casación, de los cuales uno es de la Generalitat. Los recursos de Acciona y de ATLL se revisarán el 6 de febrero; ese día también se valorará uno de Aigües de Barcelona (Agbar), la compañía que perdió el concurso y a la cual el OARCC dio la razón en su fallo de 2013.
La Generalitat tendría que pagar un mínimo de 300 millones a Acciona
La existencia de «vicios en el procedimiento de licitación no imputables a los licitadores» fue motivo suficiente para que el TSJC invalidara el concurso hace más de dos años, en un dictamen que no dejó claro cuál es el límite de Acciona ni tampoco determinó que la gestión de ATLL debía pasar a Agbar.
Después de que el Supremo dicte sentencia, la Generalitat podría tener que pagar al menos 300 millones a Acciona, sin contar el importe por daños y perjucios en caso de que se le arrebate la gestión. La Generalitat previó 380 millones en 2015 para cubrir el riesgo de que el Tribunal falle en su contra. Además, la sentencia obligaría a recalcular el déficit de 2012 que se redujo gracias al contrato.
